Ante la sede de la CIDH, el 20 de marzo se realizaron cinco audiencias, una sobre desaparición forzada. Durante la misma, organizaciones de otras regiones del país, Chihuahua entre ellas, cuestionaron los nulos resultados en la investigaciones sobre las 25 mil personas desaparecidas en los últimos años.
El gobierno federal hizo un reconocimiento sobre la magnitud del problema y las dependencias PGR, Gobernación y Relaciones Exteriores informaron de las acciones que han realizado o están en curso. Por su parte, la CIDH reconoció que se acepte la existencia de la desaparición forzada y los familiares reiteraron que sólo habrá justicia cuando haya verdad. Llamó la atención que el gobierno federal implícitamente avaló el informe previo del GIEI al mencionarlo sin comentarios y al referir ese acuerdo de asistencia técnica como una muestra de voluntad política.
La contradicción del Estado mexicano es evidente, su postura abierta y políticamente correcta ante la CIDH se confronta con la respuesta que la PGR dio a La Jornada en su solicitud de información pública, argumentando que no hubo desaparición forzada en Ayotzinapa (22/3/15). Si el Poder Judicial no trasciende a los delitos comunes, este caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar al Estado por el delito de lesa humanidad. (La Jornada)