El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos quiere regresar a la década de los setenta. La involución es tal, que pretende llevarnos nuevamente a las catacumbas en todo: derechos humanos, libertad de expresión, crisis económica, vacío de gobierno, descomposición del sistema político y por supuesto, en procuración de justicia.
Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia como Luis Echeverría. Para ello, prepara el carpetazo no solamente a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también de la matanza de Estado, el crimen cometido por el Ejército en Tlatlaya. Han pasado ocho meses y medio y la respuesta del gobierno mexicano ha sido la simulación.
Desde el principio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó enmascarar la masacre. Este es el primer intento de dar carpetazo al caso Tlatalaya. Documentos judiciales señalan que las autoridades del Estado de México supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen y habían cometido las ejecuciones extrajudiciales. Este es el segundo intento de carpetazo. El tercer intento lo encabeza nada menos que la Procuraduría General de la República (PGR) que violando todos los acuerdos internacionales e incluso las propias leyes mexicanas, ha reservado durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya.
El cuarto intento de carpetazo del caso Tlatlaya lo ofrece todo el sistema que está hecho para ofrecer todo tipo de garantías de protección a los militares. Nunca en este tipo de crímenes de Estado son enjuiciados los elementos de mando que conducían la tropa acusada de cometer los delitos. Tenientes, coroneles y generales son protegidos hasta el último momento. (Sin Embargo)