La misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan, Colima, integrada por representantes de redes, académicos, defensores de derechos humanos y periodistas procedentes de Canadá, Estados Unidos y México, llevó a cabo su visita al estado de Colima durante los días del 1º al 4 de marzo, con el propósito fundamental de documentar y observar en el terreno la grave afectación de la vida comunitaria de la población indígena nahua de Zacualpan, a pesar de existir resoluciones judiciales y administrativas que se supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad y la paz social. Lamentablemente, la misión concluyó, en un extenso, detallado y fundado informe preliminar, que el gobierno del estado de Colima favorece la impunidad, la falta de procuración de justicia y la violación a los derechos humanos y de los pueblos.
En Colima se presenta la confluencia de dos condiciones nada envidiables: una, la de seguir soportando el dominio del PRI luego de más de 80 años de expoliar los dineros públicos, pues jamás dicho dispositivo de poder ha soltado el control político de la entidad y de sus instituciones gubernamentales. Y la segunda, la de ser el estado de la República que presenta el mayor porcentaje de su territorio concesionado por la Secretaría de Economía a las iniciativas de explotación minera: 44 por ciento de su extensión. En la pequeña población colimense de Zacualpan, a su vez, se presenta otra confluencia, pero no ominosa como la previa: el encuentro de una creciente conciencia de la población originaria nahua en torno a la defensa de su territorio, con el apoyo continuado de la referida organización Bios-Iguana, ampliamente reconocida y comprometida con la educación y promoción ambiental, y con el acompañamiento de procesos de organización local dirigidos a concretar esa defensa. (La Jornada)