El Congreso constituyente de 1917, que aprobó la Constitución política de nuestro país, que actualmente nos rige, recogió esa tradición declarando que el agua era propiedad de la nación mexicana, es decir, de todos los mexicanos, dejando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de su administración, para repartirla equitativamente, cuidar su conservación y no se pusiera en peligro su aprovechamiento por generaciones futuras. Este carácter jurídico del agua terminará si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales.
La ley que se discute también atenta contra el derecho constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas a los recursos existentes en los lugares que habitan, de lo cual no se dice nada; así como del derecho a ser consultados por las autoridades antes de tomar una medida legislativa que pudiera afectarles, como es la mencionada iniciativa de ley. Al proponer una ley que se aparta del contenido constitucional y los tratados internacionales obligatorios en nuestro país, el Poder Ejecutivo viola deliberadamente los derechos de los mexicanos relacionados con el acceso al agua; al mismo tiempo que pone a prueba la paciencia de los mexicanos, mercantilizando un derecho indispensable que debe garantizar. (La Jornada)