La reciente discusión en el Senado sobre la ley secundaria que da forma a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada apenas el año pasado, ha generado preocupación e incertidumbre. Sorprende la rapidez con que los titulares del Banco de México y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República han intervenido para colocar candados en algunos rubros sensibles para labores de seguridad y estabilidad económica. Esta situación hizo que se propusieran poco más de 80 modificaciones al proyecto de dictamen, sobre todo impulsadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. De esta forma intentan echar por tierra el trabajo de cientos de horas de organizaciones profesionales de la sociedad civil, expertos en la materia, periodistas y la participación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
Resulta paradójico que, después de lograda en 2014 una reforma constitucional casi por unanimidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, relevante y aplaudida por diversos grupos políticos, académicos y sociales, ahora lleguemos a un debate nuevamente desde cero. En este sentido, y frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, avanzar en materia de combate a la corrupción es urgente. El acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son en esto piedra angular en este cometido. (Contralínea)