* Existen fundadas preocupaciones en torno a la posibilidad de que el GIEI, que investigará la desaparición forzada de los 43 normalistas, enfrente obstáculos.
México, DF, 02 de marzo de 2015. Este domingo 1 de marzo llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y comenzó sus labores de verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes. Las familias de los estudiantes y las organizaciones de derechos humanos hemos saludado con beneplácito la llegada de este grupo, convencidos de que especialmente en este momento es indispensable poner bajo el escrutinio público la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Existen fundadas preocupaciones en torno a la posibilidad de que el GIEI enfrente obstáculos. No hay que olvidar que hace menos de un mes, la Procuraduría —hoy con nueva titular— pretendió hacer un cierre de investigación estableciendo lo que llamó una “verdad histórica”, que fue cuestionada técnicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y rechazada por familiares y defensores de los normalistas, quienes puntualizaron diez sólidas razones por las que no pueden darse por concluida la investigación ni por esclarecidos plenamente los hechos. Tampoco hay que olvidar que ante los contundentes señalamientos del Comité de la ONU en materia de Desaparición Forzada, el gobierno federal respondió con un penoso rechazo.
Aunque el gobierno firmó el acuerdo para aceptar el trabajo del GIEI y públicamente le ha dado la bienvenida, la descalificación oficial a las observaciones técnicas del EAAF (al que alabó y prometió facilidades de trabajo en un inicio) obliga a que nuevamente, desde las y los defensores de derechos humanos, se exijan garantías para la realización del trabajo del Grupo y se pida que se acaten las recomendaciones y conclusiones que emita.
Es lo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, así como representantes de los familiares, pedimos el 12 de febrero públicamente; y es en lo que coinciden las organizaciones como Amnistía Internacional, CEJIL, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, Robert F. Kennedy Human Rights y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que consideran que el GIEI debe contar con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía y con base en parámetros técnicos.
El Estado mexicano aceptó formalmente la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014, dos semanas después de su primera reunión con los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. El gobierno, las familias de los jóvenes y sus representantes firmaron el acuerdo con la CIDH. El GIEI fue designado por la Comisión el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por el Centro Prodh.
El grupo de expertos quedó conformado por Carlos Beristain, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; el abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CIDH en diversos casos; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y el jurista colombiano Alejandro Valencia Villa, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.
Para darnos una idea de la imparcialidad y el rigor de estos expertos y expertas, basta extraer dos botones de muestra. El trabajo de Ángela María Buitrago, llamada “La Fiscal de Hierro”, llevó a la condena de cárcel a tres militares de alto rango, responsables de la masacre y desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. Además pudo resolver casos notorios de nexos de políticos colombianos con los temidos grupos paramilitares. Por otra parte, el trabajo de Claudia Paz y Paz logró que por primera vez en la historia de Guatemala, un exjefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt, fuera acusado por genocidio y crímenes de guerra por su responsabilidad en la masacre de mil 771 indígenas ixiles entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
El mandato del GIEI se centra en cuatro áreas: la evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo la evaluación de las medidas técnicas implementadas e investigación; el análisis de las acciones llevada a cabo en la investigación, y la elaboración de recomendaciones y conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsables penales; la evaluación de las demandas y necesidades de las víctimas y de las respuestas que se han dado hasta ahora, así como la elaboración de recomendaciones sobre el plan integral de atención a víctimas, y la formulación de recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desparecidas en México y sobre la atención a víctimas.
El GIEI manifestó, después de su primera reunión de trabajo en Washington, un deseo que es compartido por padres y madres de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos: ayudar a que los familiares de los desaparecidos y, en general, la población mexicana, encontremos verdad, justicia y reparación.