* Envían ONG carta al secretario de Gobernación para manifestar su preocupación y rechazo por las declaraciones
México, DF, 18 de febrero de 2015. El pronunciamiento negativo del Estado a las observaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), luego de su primera evaluación de la situación en México, es “irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares, y no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México”, lamentaron organizaciones independientes de derechos humanos. La respuesta “también es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité”.
Las asociaciones respondieron así al comunicado del 13 de febrero, emitido por la Secretaría de Gobernación, que en un boletín sostuvo que las observaciones hechas por el Comité al gobierno “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”. Previamente, el titular del Ejército reclamó públicamente al organismo de las Naciones Unidas por el resultado obtenido por México en su evaluación.
El 2 y 3 de febrero, el Estado mexicano afrontó su primer examen en relación al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada. El día 13 del mismo mes se hicieron públicas las observaciones del Comité, entre las que destacó que la desaparición es una práctica generalizada en México y se hizo un recuento de los pendientes por ser cumplidos en materia de desapariciones: investigación, búsqueda, reparación, registros y legislaciones adecuadas, protección de quienes denuncian las desapariciones, entre otros temas.
Las decenas de organizaciones de derechos humanos señalaron al secretario Miguel Ángel Osorio Chong que el examen del CED es un ejercicio “objetivo, profundo, transparente y que tuvo en cuenta las observaciones de diversas partes (Estado, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil)”, y ratificaron que “desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), la desaparición es una situación generalizada”.
“Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas, sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada, etcétera”, argumentaron en la carta pública, fechada el 17 de febrero, en la que resaltaron el incumplimiento del Estado ante el CED en cuanto a presentación de informes y autorización para realizar visitas al país
Las organizaciones consideran que este mensaje de la secretaría hará que otras autoridades se pronuncien o actúen en el mismo sentido, “dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales”.
Finalmente, solicitaron al secretario Osorio Chong que “se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas; que convoque, a la brevedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones; que se asegure que las políticas (interna -en lo que le corresponde- y externa) tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia; que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares; y que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité (como la adopción de un marco legal adecuado –especialmente a partir de la ley General sobre Desaparición Forzada- y el avance en la justicia), se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil”.