El desplazamiento interno por la violencia, acelerado desde que se inició la guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón, afecta a cientos de miles de familias mexicanas, la mayoría provenientes de sectores muy vulnerables. Cierto que hay clara conciencia de la existencia de secuestros, extorsiones, asesinatos cometidos por miembros del crimen organizado, frecuentemente en contubernio con instituciones del Estado. Sin embargo, el efecto de semejante situación sobre quienes se ven obligados a huir despavoridos, abandonando hogar, pertenencias, familia, fuentes de trabajo, lazos comunitarios, es una tragedia ante la cual, como nos señala la autora, se prefiere voltear el rostro.
Poco se habla en torno a los desplazados por la violencia en los medios de comunicación; no existe una agencia gubernamental que tenga la responsabilidad de atenderlos; hay pocas organizaciones de la sociedad civil que trazan sus destinos y buscan ayudarlos. En suma, prevalece en el país un gran problema humanitario del cual nadie se hace responsable. (Proceso)