El campo más fértil para la corrupción son los megaproyectos, que entran dentro de la mal llamada “obra pública”. Mal llamada porque gran parte de estos megaproyectos no son de utilidad pública, son innecesarios, son suntuarios y desvían recursos que deberían estar dirigidos a resolver situaciones críticas que enfrenta la sociedad.
En México hemos visto cómo constructoras de capital nacional, como Grupo Higa, crecen aceleradamente a la sombra de funcionarios públicos, a los que deberíamos llamar “servidores privados”. Al igual, empresas constructoras del extranjero han llegado a México en crisis financiera con “bonos basura” y al amparo de relaciones políticas han recibido jugosos contratos, como la española OHL. Gobiernos del PRI, del PRD y del PAN han establecido estos contratos que responden más a oscuros intereses que a análisis públicos y transparentes de qué es lo más urgente atender. (Sin Embargo)