*Leyes secundarias deben regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes, señalaron
México, DF, 3 de diciembre. Con el fin de garantizar el respeto a los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y Greenpeace México hicieron un llamado a vigilar el proceso legislativo en torno a la recién aprobada reforma constitucional del artículo 11 aprobada el día de ayer por la Cámara de Diputados.
Dicha modificación busca asegurar el acceso universal al derecho a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad, y si bien, no necesariamente implica la restricción de derechos, “puede generar condiciones para ello”, aunque expresamente prohíba reglamentar las manifestaciones al momento de hacer la ley secundaria, “señalando que se debe regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes”, precisó un comunicado conjunto.
En este sentido, las organizaciones civiles hicieron un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que durante la revisión de la reforma y su eventual proceso de reglamentación constitucional, evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación; pues obligación suya garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta.
El Frente y Greenpeace México señalaron que, a pesar de lo anterior, resulta alarmante que la reforma se dé “en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad”, por lo que preocupa que la Ley General de Movilidad busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.
Cabe recordar que hace apenas unos de días, dos juezas federales declararon insconstitucionales las disposiciones previstas en la Ley de Movilidad del DF ya que vulneraban derechos en contexto de manifestaciones; “con estas resoluciones judiciales es claro que, en el caso de que el Congreso de la Unión pretenda transgredir los límites impuestos en su propio Dictamen y reproducir normas que inhiben la protesta, resulta imposible que sean avaladas por el Poder Judicial de la Federación”, advirtieron las organizaciones.
El Frente está integrado por ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz; y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
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