*OSC piden derogar normas que restrinjan o inhiban la protesta, y respetar y garantizar derechos de manifestantes
México, DF, 1 de diciembre. Las organizaciones civiles que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social informaron que dos juezas federales otorgaron tres amparos favorables a colectivos de estudiantes, defensores y periodistas, y declararon inconstitucional la Ley de Movilidad del DF, ya que “vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones públicas”, señalaron.
Las resoluciones precisaron que ciertas disposiciones de mencionada legislación “generan un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social”, ya que obligaba a la ciudadanía a dar aviso por escrito y con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación, además de que prohíben la utilización de vías primarias de circulación.
En este sentido, ambas juezas determinaron que la protesta social está protegida por la libertad de expresión, en tanto implican la circulación de ideas y juicios de valor inherentes a la legitimidad democrática. “No se pueden calificar de ilegales las manifestaciones que son confrontativas o desagradables, ni aquellas que emitan críticas contra personajes públicos, políticas gubernamentales e incluso las que muestren un rechazo social hacia las instituciones del Estado”, informó el Frente.
La sociedad civil organizada precisó, a través de un comunicado, que las resoluciones judiciales demuestran que en el DF existe un clima desfavorable para ejercer dichas libertades en el espacio público, por lo que instaron a la Asamblea Legislativa a derogar las disposiciones normativas que restrinjan o inhiban la protesta en esta capital; y también exigieron a las autoridades, tanto federales como del DF, respetar y garantizar los derechos de las personas que participen de las manifestaciones públicas.
Lo anterior debido a que, durante las últimas manifestaciones pacíficas en la Ciudad de México, se ha recrudecido el uso excesivo de la fuerza pública; por lo que denunciaron que “ha sido evidente desde el inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera el afán de criminalizar la manifestación pública y enfrentarla mediante la fuerza pública, el generar legislación que restringe la protesta social y el uso indebido del derecho penal en este contexto”.
Asimsimo, las organizaciones exigieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “tengan una actitud proactiva en prevenir la repetición de agresiones por parte de las autoridades”. De la misma manera, demandaron a las corporaciones policiales Federal y capitalina “se abstengan del uso arbitrario de la fuerza en manifestaciones y de realizar detenciones arbitrarias”.
Finalmente, pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) “dejen de utilizar el derecho penal como mecanismo de control y castigo”, y solicitaron al Poder Judicial “actuar y restituir en la libertad a las personas que estén procesadas injustamente tan sólo por participar en las expresiones de descontento social”.
El Frente está integrado por ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz; y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
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