Gobierno federal y diputados disminuyen en 63% los recursos para la búsqueda de desaparecidos/Animal Político La búsqueda de personas desaparecidas se llevará a cabo en 2015 con un presupuesto 63.5% menor al destinado este año, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la propuesta del gobierno federal de recortar los recursos. Los diputados avalaron para la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) un presupuesto para el próximo año de 14 millones 676 mil 268 pesos; es decir 25 millones menos de los que le entregó para este 2014.
Exigen que a los responsables del caso Iguala se les impute el delito de genocidio/La Jornada Familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado advirtieron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que si no imputa el delito de desaparición forzada de personas y/o de genocidio a todos los implicados en el caso Iguala que han sido detenidos, recurrirán al juicio de amparo ante los tribunales mexicanos.
Designará la CIDH a una decena de expertos para caso Ayotzinapa/Proceso Un equipo de 10 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesorará al gobierno de Enrique Peña Nieto para determinar las causas de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre. Según Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, el grupo estará conformado por expertos en criminalística, balística, sociología, ciencias políticas y sociología.
Heredan a González pendientes en la CNDH/Reforma Desde el primer minuto de este domingo, Luis Raúl González Pérez, quien fuera abogado general de la UNAM, es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El pendiente más urgente que deberá atender el funcionario es la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Raúl Plascencia, ex ombudsman, sólo emitió medidas cautelares por el caso.
La tortura racista en México/Kaos en la Red El presente testimonio abajo descrito, fueron las declaraciones efectuadas por el hondureño de origen afro descendiente Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien es un reconocido defensor de los derechos humanos en su país, y quien estuvo preso en una cárcel de México en donde fue víctima de tortura, tratos Crueles Inhumanos y degradantes. Ángel Colón fue obligado a salir de su nación debido a que su hijo sufría de cáncer y no tenía empleo para obtener recursos económicos y ayudar así en la rehabilitación, y en la compra de los medicamentos de su hijo, debido a la situación económica en que aún se encuentra enclaustrada Honduras.
Desapariciones son tradición en Guerrero: en 16 años hubo 512 víctimas del gobierno/Revolución 3.0 Al menos 512 personas han sido desaparecidas entre 1969 y 1985 en el estado de Guerrero, a cargo del gobierno mexicano, indicó un informe presentado por la Comisión de la Verdad de Guerrero. De esta manera la entidad se ubica como el epicentro de la crisis social, ahora en ebullición por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Exige Artículo 19 a gobiernos federal y de Veracruz investigar ataque cibernético a Plumas Libres y AGN/Plumas Libres La organización en defensa de las libertad de expresión Artículo 19 exigió al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y del presidente Enríque Peña Nieto investiguen y aclaren los ataques cibernéticos en contra del portal Plumas Libres y de AGN (Agencia Informativa Veracruzana), ocurridos la semana pasada previo a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Constructora de “Casa Blanca” de EPN destruye bosque y viola derechos de pueblos indígenas/Más de 131 La empresa Autovan, filial de la constructora Teya, envuelta en un escándalo internacional por la construcción de la mansión de más de 86 millones de pesos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, tiene una serie de denuncias por “Incumplimiento de amparo”, “destrucción de vegetación”, “tala de árboles” en territorio comunal y boscoso de indígenas ñatho (otomí) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).