La brutal impunidad mexicana y su más reciente evidencia personificada por el caso Ayotzinapa sí es responsabilidad del Estado. Entendemos por Estado al Poder Judicial (judicaturas, cortes y jueces); Legislativo (diputadas, diputados, senadoras y senadores), y Ejecutivo (presidente y gobernadores).
Cada representante de esos poderes tiene una serie de responsabilidades claramente establecidas, sin embargo vemos que las y los servidores públicos faltan a su encargo y su misión de manera consistente, persistente y consciente. El Estado es responsable de Ayotzinapa y quienes lo conforman (incluidos los partidos políticos), con nombre y apellido, son los operadores de la impunidad que avala la violación sistemática de los Derechos Humanos y, eventualmente, los crímenes de Estado. Lydia Cacho/Cimacnoticias