*El caso del hondureño es emblemático del trato que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito; en vez de ser tratados como víctimas son criminalizados
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 19 de octubre. El 15 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió conclusiones de no acusación en favor de Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante garífuna que permaneció más de cinco años en injusta prisión preventiva acusado de delitos federales que no cometió; no obstante, a pesar de que se le otorgó visa humanitaria al hondureño, por ser víctima de violaciones a sus derechos, el Instituto Nacional de Migración (INM) lo retuvo por espacio de 24 horas.
En conferencia de prensa, Ángel Amílcar Colón, acompañado por el Centro Prodh y quien fue declarado “Preso de Conciencia” por Amnistía Internacional (AI), señaló que su liberación representa “un triunfo de la verdad y la justicia contra el mal” y que es una prueba de la situación de muchas más personas que están en circunstancias similares y “que están abandonadas porque el sistema las deja desarmadas para poder rendir las pruebas necesarias y demostrar su inocencia”.
“Quiero manifestar que la PGR determinó que no había pruebas para decir que yo era responsable de los hechos y por eso se determinó mi libertad inmediata el pasado 15 de octubre. Lo relevante aquí es que la PGR mantuvo su acusación sabiendo que era inocente, y eso amerita una reparación del daño, el castigo a los responsables e investigar a los que hicieron la tortura en mi contra”, declaró Colón Quevedo.
En este sentido, Mario Patrón Sánchez, subdirector del Centro Prodh, así como Luis Tapia Olivares y Denise González Núñez, ambos defensores del hondureño, puntualizaron que tras la liberación de Ángel, la exigencia para las autoridades es ahora de “verdad, justicia y reparación”, ya que fueron más de cinco años de injusta prisión, además de que fue torturado física y psicológicamente y discriminado por su origen racial, “en vez de haber sido tratado cómo víctima fue criminalizado”, aseveró su abogada.
Asimismo, Ángel Colón Quevedo, el Centro Prodh, Amnistía Internacional México y el defensor de migrantes, Alejandro Solalinde Guerra, se pronunciaron por una exhaustiva e imparcial investigación así como castigo en contra de quienes lo torturaron. Además, agradecieron el apoyo de otras organizaciones y de la sociedad civil que se solidarizó —no sólo en México y en su natal Honduras, sino en diversos países— con el caso del migrante.
En este sentido, el Centro Prodh señaló que el caso del defensor hondureño “es emblemático del trato que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito”, tal como quedó constatado en el informe Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, realizado por el Centro Prodh y la Universidad Iberoamericana (UIA), y que deja en evidencia el rasgo de discriminación estructural de la política migratoria de nuestro país.
El hondureño relató las múltiples violaciones a sus derechos, sufridas desde que llegó Tijuana y hasta el momento de su detención, arraigo y encarcelamiento: Fue víctima de un traficante que prometió llevarlo a Estados Unidos y quien lo retuvo en una casa de seguridad. Posteriormente, durante un operativo, fue detenido por policías federales y arraigado por más de 70 días en diversos sitios, incluyendo un cuartel militar, donde fue torturado y discriminado.
En este sentido, Ángel Amílcar denunció que no hubo garantías para sus derechos al debido proceso, asistencia consular y defensa adecuada. Manifestó además que su abogada de oficio fue testigo de la tortura recibida y que ésta no hizo nada al respecto, “una experiencia que marcó mi vida”, afirmó. Ya en prisión, estuvo incomunicado, Amílcar Colón señaló que durante su estancia en el Cefereso, perdieron la vida cinco familiares (incluyendo su hijo mayor y su madre) y no le permitieron llamar a Honduras para dar el pésame a sus seres queridos.
De igual forma, el activista denunció las condiciones en que se encontraban él y los demás internos en el Cefereso de Tepic, “penal de máxima seguridad, disfrazado ante la opinión pública como de ‘mediana seguridad’”, dijo. Asimismo, evidenció que los custodios agreden físicamente “por puro capricho” a los internos, que la comida frecuentemente causa daño a los reclusos, que no tienen acceso a agua potable y que muchos internos han muerto por negligencia médica al interior del penal.
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