La lista de ríos y presas envenenadas es larga. Minas e industrias depositan en ellas regularmente sus desechos tóxicos. Derrames de arsénico, sulfato de zinc, lixiviados, hidrocarburos, queroseno han emponzoñado sus cauces y embalses. Cada día que pasa la devastación ambiental se expande y profundiza en todo el territorio nacional.
Las autoridades han extendido a los grandes empresarios una garantía de impunidad para que hagan lo que quieran con los recursos naturales y los ecosistemas. La legislación que debe procurar su cuidado es letra muerta. El país ha perdido de la mano de la enajenación de sus recursos mineros e hidrocarburos su soberanía ambiental. Luis Hernández Navarro/La Jornada