Prácticamente cada mes se celebran encuentros de organizaciones populares en los más recónditos rincones del país. En ellos se busca enfrentar el despojo de sus predios, territorios y recursos naturales, a manos de empresas petroleras, mineras, eólicas, refresqueras, turísticas y constructoras. También de gobiernos municipales, estatales y del federal.
La aprobación de las leyes de hidrocarburos y la ocupación temporal de tierras han multiplicado las señales de alarma en el mundo rural y de asambleas para enfrentarlos. Al viejo expolio que han sufrido comunidades y núcleos agrarios se le sumarán nuevos agravios, los que se serán justificados en nombre de la modernización energética del país. Luis Hernández Navarro/La Jornada