Quintana Roo, Chiapas y Puebla han levantado las voces de alerta, tanto de organizaciones de derechos humanos, así como de legisladoras y legisladores que con gran preocupación observamos y nos manifestamos abiertamente en contra de la concreción de la criminalización de la protesta en dichas entidades, con el fin de silenciar las opiniones discrepantes de quienes las habitan, sin importar que con ello no se garantice la protección de los derechos humanos, ni el pleno ejercicio de las libertades de quienes habitan tales estados.
Los Congresos locales de las entidades mencionadas han aprobado leyes que incluyen, entre otros puntos, pedir permiso a las autoridades antes de salir a las calles a manifestarse, e incluso catalogan las protestas como “legales” o “ilegales”. Ricardo Mejía Berdeja/La Silla Rota