Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia), entregó ayer una carta pública al Embajador mexicano en Francia, la cual está dirigida a Enrique Peña Nieto, con el objetivo de abolir la figura del arraigo por medio de las facultades que el Ejecutivo federal tiene para ello.
En la carta Jean-Etienne de Linares, Delegado General de la ACAT, manifestó que desde que el arraigo fue incluido en la Constitución mexicana en junio de 2008, muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos alertaron a las autoridades del país sobre los perjuicios ocasionados a la presunción de inocencia y a la libertad de las personas, así como sobre los riesgos de tortura que tal disposición podía implicar. Cinco años después, la historia les ha dado la razón.
El arraigo constituye una forma de detención arbitraria, efectuada sin cargos y sin averiguación previa, lo cual, es contrario a todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En muchos de los casos, policías y militares han torturado a personas detenidas bajo arraigo a fin de extraerles confesiones. Dicha forma de detención atenta contra las garantías legales de las personas detenidas y facilita la fabricación de culpables con el fin de obtener soluciones expeditas de los casos; como es la situación de Israel Arzate Meléndez, quien en 2010 fue torturado y encarcelado por delitos que no cometió.
Al término de la visita al Centro Federal de Arraigo de México de los expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU, señalaron que de acuerdo con los registros médicos, la mitad de los detenidos presentaban signos de tortura y malos tratos, y que todos los detenidos que fueron entrevistados manifestaron que sufrieron actos de violencia durante su detención y traslado.
Durante el examen de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) a finales de 2012, la delegación del gobierno mexicano reconoció que 6,102 personas detenidas bajo arraigo habían tenido la intención de interponer un amparo, pero sólo 188 de las demandas fueron aceptadas. El desechamiento de los amparos argumentaba injustamente el mantenimiento de la seguridad pública.
El Delegado General de la ACAT, subrayó que dicho dispositivo se develó como totalmente ineficaz en la lucha contra el crimen organizado en México, ya que sólo 3.3 por ciento de las personas puestas bajo arraigo fueron posteriormente condenadas por la justicia. Todas las demás personas fueron privadas de su libertad y maltratadas sin ninguna razón antes de ser puestas en libertad, todo ello sin obtener ningún tipo de reparación del daño.
En la carta pública se enfatizó que el SPT, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, todos organismos de la ONU, han calificado al arraigo como una detención arbitraria propensa a la tortura y a los malos tratos, y por ello han recomendado su abrogación.
El documento señaló que celebran la apertura de debates sobre el arraigo en México con la llegada de un nuevo gobierno, ya que cada vez más diputados y senadores se están declarando a favor de su abrogación, así como ha sucedido también en algunos estados. Sin embargo, ciertos proyectos de reforma proponen la reducción de la duración del arraigo a ocho días, no es una solución.
Por todo lo anterior, ACAT invitó a Enrique Peña a que se pronuncie a favor de los derechos humanos y de la lucha contra la tortura, procediendo a la abolición total e inmediata del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica a nivel federal y estatal.
También se exigió la implementación de averiguaciones prontas, efectivas e imparciales en lo que toca a la tortura y los malos tratos denunciados en estos últimos años, particularmente en el contexto de las detenciones bajo arraigo, así como reforzar las garantías jurídicas previstas en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a través de mecanismos de control interno que obliguen a las fuerzas policiales y judiciales y al Ministerio Público a cumplir la ley y a rendir cuentas.