Contra la criminalización de la protesta social/Miguel Concha/La Jornada El acoso a los manifestantes el día de la toma de posesión de Peña Nieto se caracterizó por la extrema violencia autoritaria y mostró que la criminalización de la protesta social sigue siendo una práctica común en México. La percepción de impunidad de lo acontecido, y el incremento de políticas encaminadas a la criminalización, exigen levantar la voz: no se puede aceptar que el derecho a disentir y protestar de las personas y los pueblos esté siendo violentado, debido a los intereses injustos de los grandes capitales, de clases políticas autoritarias e involucradas en actos de corrupción, y de medios de comunicación nada comprometidos con la democracia y los derechos humanos en México.