Si para enfrentar protestas sociales (o lidiar con población civil) sin violar y torturar, las policías deben haberse formado con perspectiva de género y derechos humanos y si el uso de la fuerza armada debe ser excepción, ¿por qué aumentar el riesgo de nuevos Atencos o Tlatlayas? ¿Qué sentido tendrá, por ejemplo, que el Estado pida perdón a las víctimas si no garantiza que otras vivan el mismo infierno? (…)

La intención de extender esa figura procesal a nuevos delitos no hace más que agravar la situación (…) El proyecto es una mala idea, tanto desde el punto de vista de la eficacia de la lucha contra el crimen, como de la vigencia de derechos fundamentales en un régimen democrático. (…)

También puede ser el caso que una persona inocente sea acusada de un delito que no cometió y que se le dicte prisión preventiva, cometiendo con esto una doble impunidad: el delito que aconteció y que fue denunciado tiene un culpable que sigue libre y que no está siendo investigado, mientras que la persona que está injustamente en la cárcel requiere que su detención arbitraria tampoco quede impune. (…)

¿Pero, por qué los feminicidios se duplicaron? ¿Qué está fallando en la implementación de la alerta de género? ¿Por qué falla el gobierno en proteger a las mujeres? (…)

La CoIDH hizo recomendaciones que se contraponen a las propuestas de ampliar la prisión preventiva o de militarizar la seguridad pública, y refuerzan, en cambio, la necesidad de profesionalizar a las policías,  y, aquí, investigar la cadena de mando. (…)

Pensemos en las necesidades, en la vida de los que no están cerca de nosotros, en que nadie merece una muerte como la del viernes pasado; sacudámonos la violencia y el odio, un poco de empatía en estos tiempos violentos. (…)