En todo el mundo, la defensa de los derechos humanos de los migrantes ha sido un asunto siempre cuesta arriba, no hay rédito político —electoral— alguno. 
¿Aranceles y crisis económica o que se jodan los migrantes? Pues ya está. (…)

El informe señala que la prisión preventiva tiene consecuencias adversas para las mujeres, entre otras cosas, porque hay escasez de centros penitenciarios sólo para ellas, la infraestructura penal es inadecuada para el desarrollo de las relaciones madre-hijas e hijos, existen condiciones insalubres, falta de atención médica específica para personas de su género, y sometimiento a varias formas de violencia, incluyendo abuso sexual por parte del personal penitenciario. (…)

Los cuestionamientos respecto a la lista nos demuestran que es necesario replantear la actual relación entre la prensa y el gobierno, pues si bien los cambios que se han realizado a través de los lineamientos y la política de comunicación social del gobierno federal son positivos, también hay que reconocer que son insuficientes, pues el ejercicio arbitrario del gasto que hoy existe no es exclusivo de un partido, del gobierno federal o de la administración pública, está en todos lados. (…)

Lo sucedido en Chenalhó, Chalchiuitán y Aldama no es un hecho aislado. Prácticamente en todos los rincones de la geografía chiapaneca viejos y nuevos cacicazgos (indígenas y mestizos) se disputan el control del territorio por medio de la violencia. Integrantes del pueblo chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado. (…)

Un nuevo paradigma de seguridad ciudadana, que ponga en el centro a las personas más vulnerables y a quienes han sido víctimas de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos, deberá estar necesariamente soportado en los enfoques de prevención y perspectiva de género y en información certera para la toma de decisiones sobre problemáticas y necesidades de cada región, con una inversión decidida en la construcción de instituciones policiales profesionales y orientadas al servicio y protección de la gente.

Finalmente, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza omite temas importantes como la creación de un observatorio independiente u órgano de supervisión ciudadana que dé seguimiento a su aplicación, tal como se estableció en el Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 28 de noviembre de 2018. (…)