La militarización es, entonces, un proceso vigente que debe ser frenado con cualquier herramienta disponible. Dado el contexto político, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales son algunas de las más importantes. Sin embargo, la Suprema Corte ha neutralizado su potencial con su demora en dar resolución a estos asuntos. La pregunta ahora es a qué se debe el retraso y qué debería pasar para que se pronuncien (…)

Sin ninguna referencia al derecho indígena y al carácter ancestral de la comunidad Choréachi favorecida por el TSA, la Corte en los hechos dio preeminencia a las resoluciones presidenciales que despojaron a Choréachi (…)

Esperamos que quienes lean el informe que presentamos encuentren en él argumentos fundados para rechazar un modelo que cancelaría la posibilidad de que algún día México cuente con una policía civil de presencia nacional y abriría una etapa cargada de riesgos inéditos respecto de la presencia y el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional (…)

Si bien los indicadores macroeconómicos sugieren que hemos entrado en una fase de recuperación pospandémica, para las grandes mayorías en AL no habrá mucho que festejar mientras el diseño estructural de la región no incluya estrategias para contrarrestar la histórica desigualdad que la pandemia agudizó (…)

La Fiscalía General de la República ha entorpecido la entrega de la información sobre la masacre de San Fernando (ganada en tribunales), bajo el pretexto de que las 33 mil 203 fojas que integran la averiguación previa solicitada no se encuentran digitalizadas (…)

Lo que debe alertarnos es la colocación de la Sedena en situación semejante a la de las autoridades civiles. El hecho de que los militares puedan actuar como si respecto de ellos no existieran restricciones constitucionales (…)