La estrategia contra el narcotráfico estuvo condenada al fracaso desde hace tiempo; sin embargo, los costos los ha pagado la sociedad civil. Diversas organizaciones internacionales han hecho eco de un saldo que se resume en cerca de 60 mil muertos y cinco ciudades entre las diez más peligrosas del mundo: Ciudad Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango.

El pasado 7 de febrero, Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, señaló que los derechos humanos son una política de Estado y que, como tal, deben permear todas las actividades del Estado mexicano; asimismo, manifestó que la Estrategia Nacional de Seguridad reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

El día jueves 9 de febrero, aproximadamente a las ocho de la noche, miembros del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal de Coahuila, a bordo de cinco camionetas, irrumpieron en las instalaciones de la Parroquia de San Judas Tadeo en Torreón, Coahuila, lugar donde se encuentra también el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. Sin presentar orden judicial alguna, sin identificarse y sin pedir permiso para entrar, ingresaron a las instalaciones y comenzaron a pedir información de lo que ahí se hacía.

El pasado 10 de febrero, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, se pronunció sobre el caso de Hugo Sánchez Ramírez, joven indígena mazahua condenado injustamente a casi cuarenta años de cárcel y cuyo caso se encuentra actualmentre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los diversos problemas en la Ciudad de México sólo han demostrado el proceder de sus autoridades, impidiendo la participación ciudadana. La sustentabilidad no es una prioridad, pues se privilegia a la iniciativa privada y se utiliza a la fuerza pública para reprimir las demandas de los habitantes de esta gran ciudad.

El pasado 1 y 2 de febrero del 2012, colaboradores del Subcomité para Prevenir la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Asociación para la Prevención de la Tortura, estuvieron presentes en Oaxaca para conocer el avance de las recomendaciones que el Subcomité para Prevenir la Tortura emitió en 2008.