Jueces bajo sospecha

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La Supervía ConsultaRetomo en su totalidad este artículo que escribe Manuel Fuentes Muñiz, dado la gran importancia y relevancia que tiene el que el Gobierno del Distrito Federal se dirija bajo la imposición de leyes, alejándose del estado de derecho al que todos debemos acceder.

Los diversos problemas en la Ciudad de México sólo han demostrado el proceder de sus autoridades, impidiendo la participación ciudadana. La sustentabilidad no es una prioridad, pues se privilegia a la iniciativa  privada y se utiliza a la fuerza pública para reprimir las demandas de los habitantes de esta gran ciudad.

“Que mal cuando se pone en duda la imparcialidad de un juez, un magistrado, un ministro o de un tribunal, pero más cuando el gobernante sujeto revisión contribuye a su demérito.  En las últimas semanas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) ha estado en el ojo del huracán por la apuración gubernamental en designar magistrados a modo y en el “descubrimiento” de la alteración de ley orgánica de ese tribunal vigente desde el 10 de septiembre de 2009.”

La imposición, a riesgo de la autonomía de ese tribunal, de candidatos de gente cercana al Jefe de Gobierno, de personas que sin experiencia de juzgador ni administrativa, prosperó parcialmente ante cuestionamientos de organizaciones civiles.

El malestar incluso se trasminó al interior del TFCADF, ya que 15 magistrados de la Sala Ordinaria, que podrían aspirar a esos puestos de ascenso y un centenar de secretarios de acuerdos, que día a día transpiran el quehacer de jueces, no fueron considerados, simplemente por no gozar de la amistad o recomendación del Jefe de Gobierno.

El problema sigue sin resolverse. Se han cubierto dos vacantes de magistrado, una en la Sala Superior y otra en la Sala Ordinaria otorgadas una a Jorge Antonio Martínez ex funcionario de la Delegación Venustiano Carranza allegado del diputado Julio Cesar Moreno y otra a Jesús Anlén Alemán, ex procurador fiscal, cuestionado por su cercanía con el Jefe de Gobierno. De este último conozco de su capacidad y probidad profesional y espero no equivocarme, pero en otros queda la sospecha de ambos nombramientos.

En otro orden, de la alteración de la ley Orgánica del TCADF ya se tenía conocimiento meses atrás y era motivo de comentarios en oficinas legislativas, de gobierno e incluso en instituciones académicas.  La magistrada Margarita María Isabel Espino del Castillo Barrón integrante de ese Tribunal presentó su tesis de Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados en junio de 2011 con un análisis sobre la alteración de la nueva ley orgánica. Ella apuntó en su tesis que:

-“El Decreto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, había sufrido una mutilación importante, respecto del artículo 133, que hoy impide a la ciudadanía tener un recurso efectivo para que el Tribunal haga cumplir sus determinaciones (sentencias y suspensiones decretadas)”.

Ella mencionó que al revisar la ley orgánica publicada, ésta no correspondía a la aprobada por los diputados asambleístas:

-“Más del 50 por ciento de los artículos que hoy se aplican en los procedimientos llevados ante el Tribunal, no corresponden a la votación unánime del Pleno”.

La denuncia sobre la alteración de la ley orgánica publicada por el reportero de La Jornada, Raúl Llanos, fue minimizada por la directiva de la Asamblea Legislativa con una “fe de erratas”, “fue una equivocación” dijeron, y sin más cerraron el caso.

Pero las complicaciones de esos entresijos legales no terminan allí. El columnista Armando Rojas Arévalo de Red Financiera publicó el 11 de diciembre pasado:

-AYER SÁBADO EN CUERNAVACA fuimos ROSAURA y yo a la boda de YASMIN ESQUIVEL MOSSA, quien se desempeña como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y el ingeniero JOSÉ MARÍA RIOBOO MARTIN.

Una nota en otro contexto pasaría desapercibida, ahora no, al ser Yasmín Esquivel Mossa magistrada presidenta del TCADF y su actual esposo el empresario José María Riobóo Martín, fundador del Grupo Riobóo, beneficiario con sus filiales, de diversas obras públicas sin mediar licitación alguna, como el “Distribuidor Vial de San Antonio” y el “Segundo Piso del Periférico” entre otros.

La concesión más importante fue la concedida a OHL Concesiones de México-Inmobiliaria COPRI-Constructora ATCO-Controladora Vía Rápida Poetas, para la construcción de la llamada “Supervía”, en la que el Grupo Riobóo, es filial de la constructora encargada de llevar a cabo esa obra.  Un matrimonio de una magistrada y un empresario constructor, con intereses que se entreveran, por lo menos son motivo de excusa legal.

Todo complicó los planes de ciertos grupos, una sentencia del TCADF que en diciembre pasado declaró la nulidad de la autorización de la construcción de la “Supervía” al señalar que no existió consulta pública previa que la justificará, como lo constató un año antes la Comisión de Derechos Humanos del DF en su Recomendación 1/2011.

La sentencia del TFCADF es de gran importancia porque reconoce la figura del “interés legitimo” de organizaciones ambientales como Greenpeace (que en los últimos meses ha sido constantemente agredida) al tener en su objeto social la protección del medio ambiente, hecho que le permite por ese hecho, representar los intereses de una comunidad agredida.

Los fuertes intereses económicos y políticos que envuelven el proyecto de la “Supervía” buscan arremeter contra la autonomía del TCADF y ven en el “interés legítimo” un enemigo a vencer;  en contrapartida las organizaciones sociales y de derechos humanos ven en el reconocimiento de ese concepto un referente para avanzar en la democracia.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

Por: Miguel Maestro