El pasado 7 de febrero, Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, señaló que los derechos humanos son una política de Estado y que, como tal, deben permear todas las actividades de las instancias gubernamentales; asimismo, manifestó que la Estrategia Nacional de Seguridad reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.
Debido a que estas declaraciones distan de la situación real que viven las y los mexicanos, organizaciones defensoras de derechos humanos como Tlachinollan, el Centro Prodh, FUNDAR, la CMDPDH y la Red TDTT entre otras muchas, se pronunciaron afirmando que lo que Alejandro Poiré manifestó es ajeno a lo que se ha documentado sistemáticamente. Ejemplo de ello es la falta de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a pesar de que la Segob tiene 31 millones 500 mil pesos para el año 2012 en este rubro.
Otro tema de especial preocupación es la falta de implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, a pesar de que la Segob cuenta con 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un Mecanismo de Protección a Periodistas y 2 millones 500 mil para los Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensores y Defensoras de los derechos humanos. «Sin embargo, a la fecha no ha sido explicado cómo y en qué se está ejerciendo dicho presupuesto, pues el mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad civil ha allegado al Gobierno Federal propuestas concretas al respecto. Peor aún, son varios los casos en los que la Secretaría de Gobernación ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales», señalaron las organizaciones.
Por otra parte, la posición del Gobierno Federal sobre el Fuero Militar ejemplifica la brecha existente entre el discurso y la práctica de las autoridades. Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) impugnó la sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua privado arbitrariamente de la vida por militares, obtuvieron el amparo donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento. Con este acto, la SEDENA da muestras de que no se sujetará al control civil hasta que no se reforme el Código de Justicia Militar.
Ante esta situación y tomando en cuenta el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, las organizaciones señalaron que, mientras el Gobierno Federal continúe negando las deficiencias existentes, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible.