La ONU-DH destacó que la ley aprobada hace una aplicación directa de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas; obliga a las autoridades de la Ciudad de México a coordinarse con las autoridades de otras entidades federativas y sus municipios, principalmente de la zona conurbada, para realizar acciones de búsqueda, localización e identificación de personas, e integra la “búsqueda de personas desaparecidas” a las atribuciones de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, siempre en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de esta misma ciudad. (…)

De la Cruz Ruiz fue víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, ante ello, el Centro “Frayba» interpuso un amparo indirecto en la que solicita la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos. (…)

Desde la perspectiva de ARTICLE 19, «el intento de emprender una campaña de desprestigio contra Dolia Estevez por parte de Guillermo Rivera Santos contraviene la obligación que cualquier funcionario del gobierno mexicano tiene de promover y proteger la libre expresión. El uso faccioso de su posición para hostigar a Dolia Estévez no sólo incurre en conductas de naturaleza partidista sino que busca inhibir y finalmente silenciar a quienes usan su voz para dar a conocer estas anomalías en el servicio público».

Se refirieron a la obligación del Estado mexicano de continuar la búsqueda de Radilla y las demás víctimas de desaparición forzada hasta establecer su suerte y paradero, habida cuenta del carácter continuo del delito. (…)

En este evento se analizan temas como la metodología general de la búsqueda en vida y el análisis del contexto; experiencias y metodologías en otros países, mujeres desaparecidas, trata de mujeres y búsqueda de migrantes. (…)

Además, el informe apunta a que las políticas y medidas de seguridad adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador no se han alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada, pues «la información disponible indica que elementos de las fuerzas armadas han sido transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, pero siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena de mando militar sigue intacto». (…)