La iniciativa presentada considera que «la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no da solución a ninguno de los problemas que fueron base de decisión de impulsar una estrategia de militarización de la seguridad pública hace más de una década. La Ley no tiene como objetivo el de dar protección a las personas ni a la población civil ni a bienes o negocios las y los ciudadanos». (…)

Los habitantes de Bacánuchi -afectados por el derrame de tóxicos del consorcio minero Grupo México en el año 2014- habían interpuesto un amparo para participar en la decisión sobre la ampliación de una presa de jales de la minera. (…)

Las y los investigadores realizaron una encuesta en línea, entrevistaron a transeúntes durante manifestaciones, se reunieron con movimientos sociales y entrevistaron a actores clave. Así, el estudio arrojó que 57% de las personas encuestadas y entrevistadas perciben que quienes protestan lo hacen en ejercicio de un derecho y que tienen necesidad de resolver un problema generalmente ocasionado por el gobierno. (…)

Al presentar ante las familias de los 43 normalistas desaparecidos y los estudiantes el informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron que el Gobierno federal pretenda revivir la «verdad histórica», que ya ha sido desacreditada científicamente.  (…)

Más de 20 personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas –entre ellos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa– fueron objeto de ataques con el malware Pegasus, el cual es comercializado exclusivamente a gobiernos. En México, se tiene como único cliente documentado a la Procuraduría General de la República, dependencia que reconocido públicamente dicha compra. (…)

El prestigiado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reiteró ayer que, tras 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula, en Guerrero, “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar”. (…)