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Falla SCJN a favor de afectados por Grupo México

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* Reclamaban participar en la decisión sobre ampliar una presa de desechos de la minera.

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor del pueblo de Bacánuchi, Sonora, en el que reconocer su derecho a la participación en temas públicos medioambientales.

Los habitantes de Bacánuchi -afectados por el derrame de tóxicos del consorcio minero Grupo México en el año 2014- habían interpuesto un amparo para participar en la decisión sobre la ampliación de una presa de jales de la minera.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Ni antes, ni ahora”, reclamó Maribel Bustamante, habitante de Bacánuchi, en una manifestación en semanas anteriores frente a las oficinas del Máximo Tribunal. “Algo que parece tan lógico, que es nuestro derecho como habitantes de aquí, que nos informen y que podamos opinar sobre lo que van a hacer y cómo nos va a afectar, eso nunca ha pasado”.

Projecto PODER, una de las organizaciones acompañantes, había advertido que la decisión que tomen las y los ministros será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER, explicó entonces: “Cualquier persona, en cualquier lugar de México, puede amanecer un día con la noticia de que una obra se construye en las inmediaciones, y esa obra podría tener implicaciones muy graves en su calidad de vida. Por eso es importante que la Corte defina criterios que permitan la participación de las personas y comunidades con interés legítimo para cuestionar la autorización de esas obras”.

El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.

El pasado mes de febrero se extinguió un fideicomiso que se ordenó a la minera sin que se hayan realizado acciones sustantivas para remediar el daño causado.