En una decisión publicada ayer, el órgano contra la tortura de la ONU determinó que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (…)

Desde 2015, la comunidad indígena de Unión Hidalgo alega no haber sido efectivamente consultada en el proyecto empresarial de puesta en marcha de un parque eólico en suelo comunitario de la empresa estatal francesa Electricité de France (EDF). Además, en el contexto de las demandas de respeto a sus derechos humanos, los defensores de derechos humanos de la comunidad han sido estigmatizados, amenazados e incluso agredidos físicamente (…)

«Todas las personas que se desplazan en busca de una vida mejor, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes, cualquiera que sea su condición migratoria o la circunstancia que enfrentan, merecen seguridad, dignidad y protección de sus derechos humanos», señaló (…)

Aun cuando no hay un monto total oficial de cuánto ha pagado el Ejército mexicano por este tipo de ejecuciones en la actual administración, entre 2019 y agosto de 2021, se registraron  9 personas muertas en lo que se conoce como un fuego cruzado,  de acuerdo con una solicitud de información hecha para este reportaje a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A ellos se suman, en el mismo periodo, otras 535 personas catalogadas como presuntos agresores por el Ejército, quienes perdieron la vida y no hay forma de corroborar que hayan iniciado agresión alguna (…)

Las políticas migratorias persecutorias obligan a que las personas migrantes busquen rutas y medios de transporte que resultan cada vez más peligrosos, denunció el Servicio Jesuita a Refugiados tras el accidente carretero en Chiapas en el que han fallecido al menos 55 personas -la mayoría originarias de Guatemala-, varias de ellas, niños y adolescentes (…)

«El libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor. En ese sentido, la regulación y los requisitos legales no deben impedir, retrasar o limitar su creación o funcionamiento», abundaron (…)