Ciudad de México, 10 de diciembre de 2021. Las políticas migratorias persecutorias obligan a que las personas migrantes busquen rutas y medios de transporte que resultan cada vez más peligrosos, denunció el Servicio Jesuita a Refugiados tras el accidente carretero en Chiapas en el que han fallecido al menos 55 personas -la mayoría originarias de Guatemala-, varias de ellas, niños y adolescentes.
En el siniestro resultaron heridas otras 73 personas. Según información gubernamental, el tráiler en el que viajaban al menos 150 personas circulaba con exceso de velocidad. De acuerdo con el diario El País, el accidente en Tuxtla Gutiérrez es una de las mayores tragedias con migrantes que ha sufrido la ruta desde Centroamérica hacia el norte del continente americano, expresión última del intento de miles de desplazados por eludir el cinturón militar desplegado por el Gobierno de México en su frontera sur.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraería le investigación del siniestro, el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que ya coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen, además de que se proporcionará tarjetas de visitante a las personas sobrevivientes que así lo deseen.
El Servicio Jesuita a Refugiados señaló que la persecución del Estado contra las personas migrantes deriva en accidentes como el ocurrido: «Nunca más una vida debe perderse por el acoso de la Guardia Nacional, ni del INM».
Por su parte, el Servicio Jesuita a Migrantes pidió que se realice una investigación sobre las causas del accidente y se deslinden responsabilidades; se trabaje en conjunto, fiscalía con representaciones consulares, para identificación de los fallecidos; de ser necesario, se den facilidades a las familias para que ingresen al país a través de visas humanitarias; que las autoridades que se involucren sean sensibles ante los hechos y eviten discursos de culpabilidad o criminalización hacia las víctimas, y que se brinden garantías para un tránsito seguro, ya que la política de criminalización es la que los lleva a estas vías inseguras de viaje.