Los colectivos de familiares de víctimas siguen buscando a sus muertos, los muertos siguen buscando a sus vivos. No se encuentran porque no hay un esfuerzo institucional serio, ordenado, que corresponda a la emergencia.

Se pasan leyes, se crean institutos y comisiones. Nada.

Vivimos en un país en que un tráiler refrigerado, lleno de cadáveres, rondó algunos días las carreteras y calles de Jalisco. (…)

Luego de media hora de reclamos y evasivas, el director de Servicios Periciales, Mario Valencia, recibió autorización gubernamental de permitir el “acceso por grupos” a familiares de desaparecidos, con la consigna de que no podrían entrar con celulares, ni tampoco con prensa, o con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). (…)

El tratado es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. (…)

* Congreso de Puebla deroga la Ley Bala, que permitía a la policía usar la fuerza contra manifestaciones
* Gobernador cesa a director del forense por tráiler
* Fiscal de Yunes impide a madres de desaparecidos acceso a fosas
* Demandan a Edomex otra alerta de Género
* CNDH: venezolanos requieren atención humanitaria urgente (…)

Los políticos, sin embargo, insisten en capitalizar la popularidad militar -y la preferencia por las políticas de mano dura- a costa de la seguridad ciudadana. Ofrecen la militarización como solución inmediata, sin medir costos de largo plazo. Miles de millones de recursos se gastan en anuncios para mantener la buena imagen del Ejército y poder seguir sustentando la política fallida. Mientras, seguimos sin poner en marcha políticas de prevención y sin construir policías profesionales, prestigiadas, bien pagadas, entrenadas y equipadas. (…)

La Unión Campesina Democrática (UCD) denunció que la empresa TransCanada, que realiza el proyecto, no respetó el contrato y extendió la obra, y acusó que el Gobierno del Estado ha reprimido manifestaciones pacíficas. (…)