* Es el primero de su tipo vinculante en la protección de personas que promueven los derechos humanos en asuntos ambientales.
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018. Personas expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamaron a que los países latinoamericanos ratifiquen a partir de este 27 de septiembre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
El tratado es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
“Este histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”, señalaron los 27 expertos en una declaración conjunta. “Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente, lo que resulta especialmente crucial en América Latina y el Caribe”, añadieron.
El tratado hace un reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la diversidad cultural de América Latina y de sus pueblos. Los expertos de la ONU también saludaron las disposiciones en el tratado que buscan garantizar el acceso a la información y a la justicia, en los distintos idiomas utilizados en cada uno de los países, y fomentar la cooperación y participación pública.
“En conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el acuerdo regional establece importantes estándares que serán fundamentales a la hora de enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tales como el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos naturales”, enfatizaron los expertos.
En seguimiento al acuerdo, los Estados deben asegurar también que las actividades empresariales y las inversiones no ocurran a expensas de impactos adversos en términos medioambientales y de derechos humanos. En ese contexto, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU presentan el marco de deberes y responsabilidades de los Estados y empresas, acordado a nivel global, para prevenir y abordar los impactos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas. A su vez, en la implementación del acuerdo, los Estados deben tomar en consideración los diversos y desproporcionados impactos ambientales en las mujeres y niñas, y los desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, asegurando que todas las acciones incorporen una perspectiva de género.
El acuerdo regional está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.