Hace tres años y medio fueron detenidas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Desde entonces permanecen en la cárcel. Su delito: haber exigido a seis agentes federales de investigación a que se identificaran como tales en el contexto de un irregular despojo de mercancías a comerciantes de Santiago Mexquititlán.
En días pasados, la Procuraduría General de la República, decidió sostener la acusación que pesaba en su contra. No sólo eso: solicitó al Juez de la causa la imposición de una pena de 40 años de prisión para Alberta y Teresa. Alejada de su mandato constitucional primordial, la PGR se erige como una institución que lejos de garantizar los derechos de las personas los vulnera de manera escandalosa. En lugar de sancionar a sus agentes implicados en un evidente abuso de autoridad por lo hechos acaecidos en la comunidad de Santiago Mexquititlán, busca castigar desmesuradamente a un par de mujeres que por su condición étnica, de género y económica se encuentran desvalidas ante el avasallante aparato de estado. El mensaje es claro: ante la arbitrariedad y el autoritarismo la colectividad inerme debe rumiar su descontento en privado.
Hace unos meses, la PGR desdeñó sin justificación la recomendación emitida por la CNDH con motivo de las violaciones a los derechos humanos de Alberta, Teresa y Jacinta. Hoy, con persistente altivez, desoye los llamamientos de la sociedad civil y diversas instancias gubernamentales que expresan su indignación y decide insistir en una absurda imputación.
Sin embargo, la decisión definitiva sobre la excarcelación de Alberta y Teresa está en manos del Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro. La actuación del órgano jurisdiccional no se encuentra exenta de cuestionamientos y despierta preocupaciones. Como otros juzgadores y juzgadoras en este país, el Lic. Rodolfo Pedraza Longi, quien ya conoció del caso, decidió convalidar en su momento la irregular actuación de la PGR. No es cosa menor que la futura resolución se encuentre nuevamente en sus manos. Hace un año resolvió sentenciarlas a 21 años de prisión.
No obstante, la situación actual es diferente. Un magistrado decidió que había múltiples contradicciones en los testimonios de los policías que se duelen del supuesto plagio. El proceso penal se repuso y las inconsistencias de los agentes se profundizaron. Ante sí, el Juez de la causa tiene la oportunidad de constituirse como garante del «estado de derecho» o convertirse en comparsa de una institución de procuración de justicia alejada de los principios básicos de la democracia y los derechos humanos.
Por todas estas razones ellas están hoy en la cárcel. Alberta, mujer trabajadora de una fábrica de ropa en Amealco, Querétaro y; Teresa, campesina avocada a las faenas del campo y de su casa, son declaradas hoy presas de conciencia por Amnistía Internacional en razón del uso desviado del aparato de justicia y de la discriminación de la cual son víctimas. Las injusticias que conocimos de primera mano en el caso de Jacinta Francisco Marcial, se actualizan y perpetúan para Alberta y Teresa.
Por ello, con la certeza de su inocencia nos hemos propuesto emplear todos los recursos necesarios a fin de terminar con esta injusticia que se extiende a su familia y agravia a la comunidad entera. En Santiago Mexquititlán no fue realizado ningún secuestro, por lo que es absurda la acusación formulada días después de la oposición de los comerciantes a la actuación de los agentes federales. Más absurdo es que se acuse Teresa y Alberta, por hechos que no sucedieron.
Las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia, padecidas por cualquiera que deba enfrentar un proceso penal, son experimentadas con todo su rigor por quienes, como Alberta y Teresa, se enfrentan a este proceso trayendo ya previamente un historial de discriminación y marginación. A esto se abona que la defensa de sus derechos configura un agravio imperdonable para el aparato de Estado.
Las irregularidades en su proceso han sido denunciadas insistentemente: las ilegales, inconsistentes e incongruentes pruebas de la Procuraduría; la saña con que se les incrimina en la comisión de un ilícito irreal, la falta de equidad procesal dentro del juicio. Pero más grave es que frente a todas estas irregularidades no se respete la presunción de inocencia y enfrenten el proceso en la cárcel.
Ante el reproche social que ha merecido la abulia de las autoridades debido al incremento de los secuestros, se ha optado por castigar a quienes expresan su descontento contra el Estado. Además del endurecimiento de la sanción penal a este delito, se pretende legislar modalidades de secuestro que disuadan de levantar su voz contra la injusticia a los colectivos más marginados. Figuras como el «secuestro equiparado» o el recientemente anunciado «secuestro extorsivo político» constituyen un peligro latente para la ciudadanía. Estas medidas de tufo autoritario buscan ubicar en la ilegalidad cualquier cuestionamiento al statu quo. Quienes padecen con mayor agudeza la marginación política, social, económica y cultural, en el momento que decidan romper las cadenas de la opresión, corren el peligro de perderse en los laberintos de un deficiente sistema de justicia. La respuesta del Estado ante el creciente descontento dista mucho de garantizar el ejercicio pleno de derechos y libertades fundamentales. Al contrario, los ataca con virulencia e intenta imponer barreras infranqueables a la participación de las mayorías.
Lo anterior se agrava con las graves falencias del sistema de justicia. Un sistema cada vez más instrumentalizado con fines políticos. Cualquier persona que tenga el infortunio de caer en las redes complejas del aparato de procuración y administración de justicia padecerá de inmediato sus deficiencias. Acceso a la justicia preferencial para quienes cuentan con los recursos económicos o detentan otras formas de poder. Todo el rigor de leyes inadecuadas, interpretaciones restrictivas y prácticas viciadas para quienes sufren la segregación social. El patrón es evidente y nos interpela. Nula presunción de inocencia; cuestionable imparcialidad e independencia de jueces; falta de defensa adecuada; ausencia de intérprete o traductor para quienes hablan lenguas indígenas, por mencionar algunas.
Por ello es injustificable este uso faccioso del sistema de justicia. Es inaceptable también que en nuestro país no existan los espacios idóneos para la expresión de la inconformidad ni los mecanismos adecuados para garantizar los derechos de las personas. Pese a la alternancia el estado no ha sido capaz de relacionarse con los ciudadanos como tales, sino como objetos de favores intercambiables. Bajo este esquema las personas sólo deben esperar concesiones pero jamás exigir respeto, menos exigir que el estado garantice derechos.
Su nombramiento como presas de conciencia avala nuestra exigencia de justicia. La exigencia del Centro Prodh y la de quienes han sumado su voz difundiendo su caso, enviando cartas a las autoridades involucradas e inquiriendo persistentemente sobre su situación actual. A todos ellos y ellas nuestra gratitud. Con todo este apoyo nos sentimos motivados para no claudicar hasta obtener su liberación. Estamos seguros que lo lograremos. La justicia y la razón están de nuestro lado.