Periódico: El Universal
Reportera: Silvia Otero
Miércoles, 24 de octubre de 2012
En México se crean falsos culpables y el Estado no ha hecho nada por impedir que a través de prácticas ilegales y violaciones a garantías se lleve a juicio a presuntos delincuentes. Ésta es la conclusión del informe Torturado, encarcelado e inocente: El caso de Israel Arzate Meléndez y el uso sistemático de la tortura para obtener confesionesfalsas en México, que será enviado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco del examen al que será sometido el país en Ginebra la próxima semana.
El documento fue presentado por Javier Hernández Valencia, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el que se exhibe la serie de irregularidades que existen en tomo a este caso, el de uno de los presuntos asesinos del homicidio colectivo en Villas de Salvárcar, Chihuahua.
Se trata, indicaron los expertos, de un caso paradigmático en el que organizaciones civiles e internacionales deflendenla inocencia del presunto asesino, por lo que exigen su libertad inmediata.
De hecho, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si ejerce la facultad de atracción de los amparos interpuesto por la defensa de Arzate Meléndez.
En las conclusiones del informe destaca que este caso «es ilustrativo de graves violaciones a derechos humanos, porque confirma que incluso el nuevo sistema de justicia penal sigue permitiendo que elementos ministeriales y del Ejército, entre otros, cometan actos flagrantemente violatorios de los derechos humanos de los detenidos, incluyendo a víctimas cuya detención es arbitraria y que no tienen nada que ver con actividades ilegales».
Se indica que «corrobora que las prácticas del procedimiento penal mexicano» como la tortura «siguen siendo la base de la acción persecutoria del delito, con lo cuál se imposibilita tanto mejorar la seguridad pública como implementar un sistema de juicios justos».
Detalla que fue detenido por militares en febrero de 2010, acusándolo de otra identidad, «lo obligaron a aprenderse y sostener confesiones falsas bajo tortura. No obstante la gravedad de estos actos, las autoridades judiciales que han intervenido en el caso han convalidado en todo momento la detención arbitraria y el uso de torturapara coaccionar la declaración autoinculpatoria».