Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas.  Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).

Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así,  46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.

En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.

Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.