MEDIO: Animal Político
TIPO: Blog de Noticias
AUTORÍA: Staff
FECHA: 04 de septiembre de 2014
Era de madrugada. Juan Gerardo Sánchez dormía en su cama cuando unos policías vestidos de civil irrumpieron en la casa. Lo detuvieron, tenía 19 años. Junto a otros siete hombres pasó 30 horas incomunicado. Les vendaron los ojos, les dieron palizas, los amenazaron, les aplicaron descargas eléctricas, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y les sumergieron la cabeza en el agua hasta casi la asfixia, para obligarles a confesar que habían robado unas armas pertenecientes a la policía municipal.
Juan Gerardo fue uno de los ocho hombres que la policía del Estado de México detuvo el 28 de julio de 2013 en diferentes partes de San Martín Malinalco, acusados de robo y delitos relacionados con posesión de drogas y armas. Tardaron 30 horas a presentarlos a la Procuraduría General de Justicia.
Sus confesiones forzadas se utilizaron como prueba para procesarlos, a pesar de que se retractaron cuando comparecieron ante el juez y denunciaron las torturas. El Ministerio Público no investigó las denuncias y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de México aún no ha emitido un informe.
El parte policial asegura que los agentes patrullaban una zona rural y detuvieron a un grupo de hombres que portaban armas y drogas. Este parte fue la prueba con la que los procesaron. Ni los fiscales ni los jueces han tenido en cuenta los testigos y las pruebas que presentaron los procesados para defenderse. Su denuncia no ha progresado.
Es solo uno de los casos que recoge el informe Fuera de Control, Tortura y Otros Malos tratos en México que hoy presenta la organización Amnistía Internacional (AI) quién denuncia el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Cuando se redactó el informe, Juan Gerardo Sánchez y otro de los detenidos estaban en libertad condicional por cargos menores relacionados con la mariguana. Cinco detenidos más fueron declarados culpables en casos federales de posesión de armas, basándose en la declaración policial y en sus confesiones forzadas. Se ha presentado una apelación.
En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública –el ejército, la marina, la PGR, la policía federal y el personal penitenciario federal–, en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza. Sólo emitió 35 recomendaciones contra las autoridades implicadas en estos abusos. De las 3 mil 842, mil 505 fueron por tortura y desembocaron en 11 de las 35 recomendaciones citadas. Es decir, menos del 1% de las denuncias ante la autoridad autónoma encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, ocasionaron un informe público que documenta los abusos y recomienda medidas concretas.
Las víctimas, persiste la impunidad
Como Juan Gerardo Sánchez, la mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía Internacional son hombres de comunidades marginadas y otros grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular. En las semanas pasadas se conoció el caso de Ángel Amílcar Colón, hondureño detenido en Tijuana cuando intentaba cruzar la frontera a los Estados Unidos y que confesó, bajo tortura, formar parte del crimen organizado.
Aunque las mujeres son menos, también son blanco de tortura y son más vulnerables ante las agresiones sexuales como método de tortura. El Estado mexicano enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana por tortura sexual a 11 mujeres detenidas en una manifestación en San Salvador Atenco en 2006. El informe, además, también señala casos de litigantes de víctimas de tortura que han sufrido ataques y represalias por ello.
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia ha manifestado en reiteradas ocasiones que el número de quejas por tortura y malos tratos recibidas se ha reducido en la administración de Enrique Peña frente a la anterior. Sin embargo, las mil 505 quejas registradas en 2013 por tortura son un 600% más que hace diez años, antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006. En 2003 la CNDH registró 219 quejas por tortura y otros malos tratos, y en 2004 fueron 273.
Entre 2010 y 2013 en cambio, la CNDH recibió 7 mil 164 quejas por tortura y otros malos tratos. Según la organización, ninguna desembocó en una condena penal por tortura.
| Año | Número de quejas por tortura y otros malos tratos recibidas por la CNDH | Número de recomendaciones formuladas por la CNDH que confirman denuncias de tortura |
| 2003 | 219 | 1 |
| 2004 | 273 | 1 |
| 2010 | 1524 | 11 |
| 2011 | 2021 | 9 |
| 2012 | 2114 | 11 |
| 2013 | 1505 | 13 |
| Enero a junio de 2014 | N/D | 2 |
Amnistía Internacional señala que el registro de quejas de la CNDH no es una medida exacta de los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en el país, ya que “muchas personas no presentan denuncia y la CNDH es responsable sobre todo de tramitar las quejas contra las agencias federales, pero no las dirigidas contra agentes estatales y municipales”.
AI también critica que el reducido número de casos en los que se hacen recomendaciones públicas “no refleja el nivel real de la tortura y los malos tratos, sino los defectos en la tramitación de los casos por parte de la CNDH”.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), inició, entre 2005 y 2013, 3 mil 749 juicios de amparo indirecto en los que reclamaban actos relacionados con tortura. Se desconoce en cuántos casos se concedió el amparo. Este año, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) solicitó al Consejo de la Judicatura Federal cuántas sentencias federales por tortura hubo entre 2005 y 2013, el Consejo respondió que el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, y únicamente dos de ellas serían firmes.
En 2003, la Procuraduría General de la República (PGR) adoptó un procedimiento de dictamen médico para detectar tortura que se basa en el Protocolo de Estambul, un manual internacional para investigar y erradicar la tortura por parte del Estado.
Según la PGR, a finales de 2013 había 162 médicos y 49 psicólogos capacitados para realizar el peritaje. Sin embargo entre 2003 y el final de 2013, la PGR solo había realizado 472 de estos peritajes y concluido que había indicios de tortura en 57 casos. Entre 2002 y 2012 la PGR abrió mil 219 investigaciones por tortura, pero al finalizar 2013 sólo había presentado cargos en 12 casos.
Además, la PGR creó un Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen y un grupo consultivo con funciones de asesoramiento, cuyos miembros pertenecen todos a la PGR. Amnistía Internacional criticó que no incluyan expertos independientes o representantes de la sociedad civil y que sea la misma institución acusada de tortura la que dictamine si la hubo.
Menos acceso a la justicia en los estados
Las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) son las encargadas de recibir las quejas por tortura u otros malos tratos contra funcionarios estatales o municipales. Según solicitudes de información tramitadas por AI, 26 Comisiones de las entidades recibieron un total de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2008 y 2013, que desembocaron en 392 recomendaciones. Los 6 estados restantes no facilitaron información.
El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) recoge que, en el ámbito estatal, hasta 2013, sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.
Las definiciones de tortura varían en los 32 códigos penales locales de México, pero AI denuncia que en general “las leyes de los estados proporcionan menos protección que la ley federal y no cumplen las normas internacionales, sobre todo en lo relativo a la lista restrictiva de fines y a la participación indirecta de funcionarios públicos en la tortura”.
Por ejemplo, explican que como no existe un delito específico de malos tratos, si se considera que los actos no constituyen tortura, se formulan cargos menos graves, como “abuso de autoridad” o “lesiones”. Y citan el caso de Yucatán, donde la CEDH había confirmado casos de tortura en al menos 12 de las 122 denuncias recibidas entre 2011 y 2013. Sin embargo, no emitió ni una sola recomendación para que se investigase por torturas a los funcionarios del estado ?implicados.
Nuevo sistema de justicia penal
El Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en marzo de este año, anula cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Sin embargo, Amnistía Internacional señala que el Código “no formula recomendaciones específicas sobre la tortura y otros malos tratos y la obligación de investigarlos”.
Este nuevo código entrará en vigor en todo el país en julio de 2016, pero ya se encuentra vigente en algunos estados como Chihuahua o en el Estado de México. No obstante, a Juan Gerardo no le sirvió de nada. Y solo en el estado de Chihuahua, AI ha documentado al menos 4 casos en los que se pasaron por alto denuncias de detención arbitraria y confesiones bajo tortura.
Ante estas cifras AI hizo una encuesta a la ciudadanía el pasado mayo y encontró que 64% de los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.