Ejido Tila

El ejido Tila, conformado por ejidatarios y ejidatarias ch’oles de la Zona Norte de Chiapas, ha luchado por décadas para defender la propiedad y la posesión de sus tierras ancestrales, que actualmente mantiene bajo régimen ejidal y que le fueron reconocidas por decreto presidencial en 1934.

El ejido ha tenido que luchar contra el establecimiento de un fundo legal (la tierra destinada para el uso urbano, es decir, un ayuntamiento) donde no debe haber ninguno.  En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994. En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010, que entró en deliberación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2013.

Como parte de los recursos presentados y por lo emblemático del caso, Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un memorial en el que expuso desde una perspectiva socioantropológica la importancia que tiene para la identidad de este pueblo indígena la vinculación con su entorno y territorio para la conformación de su dimensión cultural.

El 17 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía municipal.

En 2013 la SCJN suspendió la discusión al considerarlo un caso “extremadamente complejo” y solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que propusiera expertos para realizar una serie de peritajes, con el objetivo de evaluar desde distintas disciplinas las posibles implicaciones del cumplimiento de la sentencia. Asimismo, solicitó un estudio en antropología jurídica para determinar las características socioculturales de la población que habita las 130 hectáreas en disputa.

La SCJN realizará la deliberación final una vez finalizados los peritajes. Con su resolución, el máximo tribunal tiene la oportunidad de establecer el primer precedente en México sobre el contenido específico del derecho de los pueblos indígenas, especialmente de referido a la tierra y el territorio. También podría contribuir al desarrollo de criterios sobre la dimensión cultural y la forma particular en que los pueblos indígenas se relacionan con y significan el territorio, así como los mecanismos jurídicos para su adecuada protección.

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