Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera – Campesinos Ecologistas

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, en el estado de Guerrero, son defensores de los bosques. A través del activismo pacífico de la organización que conformaron (la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, OCESP) lograron el retiro de la zona de una empresa estadounidense responsable de la tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande.

Por sus logros, los campesinos ecologistas han recibido diversos premios ambientales internacionales, pero también represalias por parte del Estado. En 1999, en el contexto de un operativo militar supuestamente contra el narcotráfico, Rodolfo y Teodoro fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por elementos del Ejército. Fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias y posteriormente condenados a prisión por delitos que no cometieron: portación de armas prohibidas y cultivo de amapola y marihuana.

Ambos activistas fueron liberados en el año 2001 por orden del entonces presidente Vicente Fox, quien argumentó “razones humanitarias”. Sus sentencias fueron conmutadas por prisión domiciliaria pero no se reconoció su inocencia, por lo que se continuó con el litigio del caso hasta agotar todos los recursos disponibles en instancias nacionales.

Mientras los ecologistas siguen esperando justicia, avanza su defensa del medio ambiente: a raíz de la sentencia de la Corte IDH, el Estado mexicano llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que Rodolfo Montiel solicitó que el Estado realizara un proyecto de reforestación en Petatlán. Así, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo un acto inicial en la zona en julio de 2013, consistente en plantar miles de arbolitos de cedro rojo y pino como parte de un proyecto multianual.

Con el acompañamiento del Centro Prodh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Greenpeace, Sierra Club y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el caso fue presentado en el año 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo declaró admisible y concluyó la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos humanos de los campesinos ecologistas. La CIDH hizo recomendaciones al Estado Mexicano sobre reparaciones a las víctimas y acciones a nivel nacional para garantizar la no repetición de hechos semejantes.

En el año 2009 y después de varios meses en los que el Estado mexicano omitió cumplir las recomendaciones, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para su evaluación. La Corte declaró al Estado mexicano responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, integridad personal y garantías judiciales y por incumplir con sus obligaciones de adecuar el marco normativo interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia de noviembre de 2010, la Corte ordenó al Estado mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar varios cambios estructurales para erradicar las causas que dieron origen a los abusos, entre ellos:

  • Mantener actualizado de manera permanente un registro de personas detenidas con información accesible y mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.
  • Investigar las denuncias de tortura de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
  • Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que la jurisdicción militar no investigue casos de violaciones a los derechos humanos.

En 2013, la Corte emitió su primera sentencia sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia de 2010, en la que señaló que el Estado no había cumplido con estos tres puntos fundamentales y lo instó a hacerlo en un periodo razonable.

A causa de este caso y otras tres sentencias dictadas por la Corte contra el Estado mexicano entre 2009 y 2010, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar a finales de abril de 2014. El texto reformado dispone que la jurisdicción civil tenga competencia sobre los delitos cometidos contra personas civiles, pero todavía no cumple los estándares interamericanos al no excluir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas investiguen y juzguen violaciones a derechos humanos.

Por otra parte, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los actos de tortura y el Estado sigue sin cumplir los requisitos establecidos por la Corte IDH en materia de registro de personas detenidas. En una audiencia privada de septiembre de 2016, los representantes de los campesinos manifestaron a la Corte IDH su preocupación por la falta de cumplimiento de la sentencia.

Powered by Watch Berserk Online Watch Steven Universe Watch Re Zero Online

Download by Wordpress Nulled ThemesKeepvid youtube downloader