El aumento de la tortura es una de las expresiones más claras de la crisis de derechos humanos que enfrenta México desde hace más de una década. La Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República, creada en octubre de 2015, informó en febrero de 2018 que había abierto 8,335 investigaciones por este delito, pero sólo había ejercitado acción penal en 17 casos. Esto afecta de forma particular a las mujeres, que cuando son detenidas enfrentan tortura sexual con enorme frecuencia.
Por ello, diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos recomendaron a México adoptar una Ley General para prevenir y sancionar la tortura de acuerdo con los estándares internacionales. Con la participación activa e impulso de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y contrapartes internacionales, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada y publicada el 26 de junio de 2017.
Sabiendo que en México las buenas leyes suelen quedar sin aplicarse, buscamos aportar algunos elementos sobre el contenido de esta importante ley. Aunque no agotaremos todo su contenido, sí destacaremos sus principales elementos.
