Presentan informe de patrones de tortura sexual en torno a modelo de seguridad fallido

• La tortura se da ante la falta de capacidad para investigar.
• Es fundamental el testimonio de las sobrevivientes para acabar con la impunidad.

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. La tortura sexual ejercida contra mujeres bajo custodia de las distintas fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la política fallida de seguridad militarizada no es excepcional, sino que ocurre con preocupante regularidad, advierte el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, presentado hoy por el Centro Prodh.

El informe documenta a profundidad 29 casos de mujeres que fueron acusadas de haber cometido diversas modalidades de delincuencia organizada y que fueron objeto de tortura y tortura sexual. En él se encontró que, en un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual, y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión.

Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y coordinadora del informe, señaló la existencia de un patrón claro en estos actos: la detención ilegal de las mujeres -en 27 de 29 casos en presunta flagrancia– sin que se les informe de los motivos; su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente -por medio de violación, abuso sexual y tocamientos-, aparejada a su retención injustificada -en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días-; su presentación ante el Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones -que posteriormente son registradas en el primer lugar de reclusión-; y un proceso en el que son base las ilícitas “confesiones” y otras pruebas obtenidas bajo tortura sin que las y los jueces investiguen estas circunstancias.

Layda Negrete, investigadora y parte de World Justice Project, explicó que la tortura es un reflejo del mal sistema de investigación de delitos complejos en México y advirtió que es un gran riesgo seguir “por la vía del cheque en blanco y la complicidad”, y llamó a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encueste a un mayor número de mujeres para entender cómo viven algunos aspectos del sistema de justicia penal.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que si México quiere transformarse en una sociedad distinta con base en el Estado de derecho tiene que erradicar la tortura y terminar con el encubrimiento sistemático de su práctica. “Tienen que acabar la negación y la estigmatización de las víctimas y los defensores, el cinismo y la demagogia de formadores de opinión pública que acusan a quienes lo denuncian de ser defensores de delincuentes. La tortura es un acto atroz que no se puede justificar”, enfatizó. Jan Jarab indicó que la dimensión de género en la tortura es fundamental en el contexto de México y Latinoamérica.

Italia Méndez y Norma Jiménez, denunciantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fundadoras de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, señalaron la importancia del testimonio valiente de las sobrevivientes para terminar con la impunidad y pidieron la liberación de quienes siguen privadas de la libertad y han sido víctimas de esta práctica.

María del Sol Vázquez Reyes, sobreviviente de tortura sexual a manos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, relató su experiencia y remarcó que las víctimas de esta práctica quedan con secuelas permanentes y estigmatizadas por los actos de las mismas autoridades que deberían cuidar de la seguridad ciudadana. Manifestó su deseo de que esta práctica pronto deje de cobrarse más víctimas.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, remarcó que los testimonios no son aislados y que dan cuenta de la extensión de esta práctica durante los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.

Entre las recomendaciones que se consignan en el informe se encuentra que el Poder Judicial debe garantizar la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura o cualquier otra violación de derechos humanos, asignando la carga de la prueba al Ministerio Público, y cumplir con la obligación de verificar el alegato de tortura, realizando un análisis de toda la información relevante disponible.

A la PGR se le recomienda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura documentados en este informe identificando patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; y trasladar la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura a la Fiscalía Especializada para investigar violaciones graves a los derechos humanos, en el tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República.

La recomendación principal para la Segob es reactivar las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, y para los titulares de las Fuerzas Armadas el ordenar al personal a su cargo abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres y de torturar y de retener ilegalmente a cualquier persona.

Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses (Sedena y Semar) como civiles de los tres órdenes de gobierno (federales, estatales y municipales).