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- El Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire) anuncia su conformación.
- El Plan Frontera Sur ha contribuido al incremento de la violencia en contra de las personas migrantes en tránsito por México.
- Gobierno federal debe designar de manera urgente a titulares de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
México, 08 de abril de 2015. Codemire es un colectivo con inspiración cristiana humanista, sin fines de lucro, formado por 28 casas del migrante, albergues, personas y organizaciones de la sociedad civil ubicados en el Sur, Centro y Norte de México, que promueve la defensa de los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y sus familias, así como de sus defensores y defensoras. Surge como una profunda alternativa de lucha para la defensa y acompañamiento integral que han venido realizando.
Frente a la grave y violenta crisis que enfrenta la población migrante en su tránsito por nuestro país, las organizaciones que conforman el Codemire unifican sus esfuerzos con el objeto de atender y defender a las personas migrantes que transitan por México buscando nuevas oportunidades de vida y escapando de la violenta situación que sufren en sus países de origen, particularmente de la región de Centroamérica. Asimismo, buscan proteger a los y las defensoras que por ejercer su trabajo son amenazados, criminalizados y perseguidos.
El pasado 7 de julio de 2014 el Presidente de México, dio a conocer el Programa Frontera Sur en el municipio de Playas de Catazajá, Chiapas. El plan establece como uno de los objetivos “Proteger y salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México”. Sin embargo, al mismo tiempo plantea como una de sus líneas estratégicas la administración de flujos migratorios, el establecimiento de mayores puntos de revisión en las fronteras, coordinación interinstitucional para detenciones y la supervisión de albergues. Esta incongruencia entre los objetivos y las acciones de protección del Plan Frontera Sur se contraponen, dejando de manifiesto graves contradicciones y vacíos de la iniciativa impuesta por el poder ejecutivo.
El Secretario de Gobernación planteó que las acciones del gobierno federal estarían dirigidas para “evitar que los migrantes pusieran en riesgo su integridad al usar el tren de carga conocido como ‘La Bestia’; desarrollar estrategias puntuales para garantizar la seguridad y la protección de los migrantes; combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos”. Sin embargo, es preciso evidenciar que las acciones del gobierno mexicano transgreden la vida de las personas migrantes en su cruce por México.
El Plan Frontera Sur lejos de cumplir con las premisas planteadas ha sido sinónimo de persecución y muerte para las personas migrantes. En otra de sus líneas estratégicas establece el tema de la ‘coordinación interinstitucional’ señalando que “La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tendrá por tarea el establecer la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales que se realizan en la frontera sur de nuestro territorio para alcanzar los objetivos señalados: brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus derechos humanos.” Este planteamiento nos lleva nuevamente a conocer las profundas contradicciones del Plan. En este sentido es importante mencionar que en comparación con el 2013, durante 2014 se incrementó un 47% el número de eventos de detención, 27 estados de la República registraron un aumento en el número de detenciones, en el caso de Chiapas 46%, en Tabasco 102%, Veracruz 40% y en Puebla hasta 130%.[1]
El reforzamiento de la frontera y los múltiples operativos de verificación migratoria realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a lo largo y ancho de la República Mexicana (no únicamente en los puntos fronterizos, sino a bordo de autobuses, en caminos carreteros, en el tren de carga, en centrales camioneras, entre otros) han incrementado la inseguridad y la vulnerabilidad para las personas migrantes que, en la búsqueda de nuevos caminos (muchos de ellos recorridos a pie), enfrentan un sinnúmero de situaciones adversas: extorsión por parte de las propias autoridades policiales, de los agentes del INM, de la marina y hasta del ejército; privación ilegal de la libertad, secuestro, violaciones, así como ataques del crimen organizado que ha encontrado un terreno más fértil luego de la puesta en marcha de dicho plan.
Las deficiencias de la política migratoria mexicana, el vacío existente en las subsecretarías de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como en la de Derechos Humanos al no contar con los nombramientos de los titulares, y la casi inexistente cooperación bilateral entre los gobiernos de los países centroamericanos y México están cobrando un costo humano. El Plan Frontera Sur ha promovido el incremento en las violaciones a sus derechos humanos y el aumento en los actos de corrupción e impunidad cometidos por parte de las autoridades encargadas de ‘vigilar’ su paso. Asimismo, continúa la colusión de los agentes migratorios, de las policías federales y estatales con traficantes de personas y coyotes.
Por lo anterior, exigimos enérgicamente al gobierno federal:
1. Que el Estado Mexicano cumpla con brindar seguridad y protección a las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio independientemente de su situación migratoria, de conformidad con sus obligaciones y en virtud de los tratados internacionales ratificados en la materia.
2. Que cesen los operativos de verificación migratoria que vulneran la vida, la integridad física y en general, los derechos humanos de las personas migrantes.
3. Que se frene el Plan Frontera Sur dadas las incongruencias que existen entre sus objetivos, líneas estratégicas y las acciones implementadas.
4. Que ningún plan de esta magnitud vuelva a ser operado sin el escrutinio de la sociedad como lo está siendo el Plan Frontera Sur y que se transparente para analizar los lineamientos que dieron lugar a las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
5. Que se nombre a los titulares de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de las Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
Codemire está conformado:
Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Programa de Asuntos Migratorios- DHIE SJ- Ibero Puebla; Servicio Jesuita a Migrantes-México; José María Villaseca AC – Cafemin; Albergue Nuestra Sra. de Guadalupe; Albergue San Juan Diego; Iniciativa Kino para la Frontera; Lic. Hugo Vadillo Zurita; Axel García Carballar; Casa del Migrante Taticj Samuel; Hermanas de los Sagrados Corazones; Centro Scalabrini México; Hnas. del Servicio Social; Hnas. de San José de Lyon; Casa del Migrante Santa Martha; Casa del Migrante San Nicolás; Comité de Solidaridad DH Monseñor Romero-Albergue Tochan; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Atención al Migrante Necesitado; Global Workers Justice Alliance; Casa del Migrante Santa Cruz; Albergue La Patrona, Esperanza del Migrante; Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica; Albergue Hermanos en el Camino; La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC.; Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados SMR; Misioneras Scalabrinianas; Hermanas Auxiliadoras de México, A.R.
[1] Datos analizados por el Programa de Asuntos Migratorios- DHIE SJ- Ibero Puebla a partir del “Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias” 2013 – 2014, publicado por la Unidad de Política Migratoria y el Centro de Estudios Migratorios de la Segob.