Artículo del Centro Prodh, publicado en Animal Político.
La vulnerabilidad económica, la persistencia de la práctica de tortura en México, uso discriminatorio y desigual del sistema penal contra las mujeres colocaron a Keren Selsy Ordoñez Hernández, una joven de 26 años originaria de Veracruz, en medio de un proceso que la ha mantenido privada de su libertad por casi siete años de injusticia.
Keren tuvo a su primera y única hija cuando tenía tan sólo 19 años de edad, tras un parto complicado que derivó en una intervención por cesárea que afectó su salud. Keren y su familia vivían en un contexto de pobreza y no contaron con ningún tipo de apoyo por parte del padre de la bebé para su manutención.
El 11 de diciembre de 2015, a pesar de seguir convaleciente, Keren salió de casa para encontrarse con su expareja con el fin de recibir recursos para comprar pañales y artículos de primera necesidad para su hija. El domicilio se encontraba a un par de cuadras de donde ella vivía. Mientras lo esperaba en la entrada de la casa, vehículos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala arribaron al lugar y agentes armados detuvieron a la expareja de Keren, a otro hombre, a ella y a su bebé, sin orden de aprehensión.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos, subieron a ambas a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. Una vez que se encontraban en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, la intentaron asfixiar con una bolsa de plástico en la cabeza y la amenazaron con lastimar a su hija. Los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla.
En total, desde la detención hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé pasaron al menos 7 horas incomunicadas y sujetas a más violencia y violaciones a sus derechos humanos. Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su expareja. En ese tiempo, con el temor de no saber cómo se encontraba su hija, fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado.
Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna, Ciria Hernández, logró que se la entregaran.
“Desde ese 11 de diciembre que detuvieron a mi hija ha sido muy difícil, y decir ‘difícil’ se queda corto. Nosotros somos gente de bajos recursos. Se llevaron a mi hija sin que nosotros supiéramos nada, cuando ella tenía un mes de haber tenido a su bebé. No supimos nada tampoco de la bebé hasta que luché para pedir apoyo”, explicó Doña Ciria durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh para informar del caso.
Keren vivió discriminación y falta de perspectiva de género por las autoridades Poder Judicial estatal. No sólo la encasillaron en el rol de “cuidadora” en la casa de seguridad, sólo por ser mujer joven, sino que analizaron los hechos y pruebas del caso ignorando la vulnerabilidad en la que se encontraba Keren al momento de su detención -como su situación de salud y que se encontraba en el lugar coaccionada por el padre de su hija que le pidió llegar ahí a cambio del dinero que por derecho le correspondía-.
Lo que también es sumamente representativo de esta desigualdad es que, aunque su expareja y padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, él recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión. En contraste, el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, imponiendo una pena de prisión de 50 años, por un delito que no cometió.
Finalmente, el 27 de septiembre de 2021 un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales, y ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción, es decir, hasta el momento en que se pueden aportar pruebas para demostrar su inocencia.
Debido a las múltiples violaciones a derechos humanos e irregularidades durante su proceso, derivados también de una falta de defensa adecuada, en el Centro Prodh decidimos asumir la defensa integral y representación de su caso.
El caso de Keren no es aislado, forma parte de un sistema que pone en especial vulnerabilidad a las mujeres. Como señalamos en el informe “Mujeres con la frente en alto” y tras la campaña “Rompiendo el Silencio” -creada por las Mujeres de Atenco– la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia y dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que permiten su comisión. Además, como se reconoce en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual, al momento de que las mujeres son detenidas en presencia de sus hijos e hijas, los agentes del Estado coaccionan a las mujeres con el fin de confesar o firmar documentos inculpatorios.
Ella ha resistido a este proceso, gracias a la esperanza de volver pronto con su familia y con su hija, quien ya tiene siete años de edad. Hoy hay una oportunidad de que las autoridades pongan fin a esta injusticia y reviertan la situación de impunidad que ha vivido Keren. Como lo refiere Doña Ciria: “Pido a las autoridades que actúen con justicia, porque sabemos que la justicia existe” y es necesario poner especial atención en la perspectiva de género y de derechos humanos para alcanzarla.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos, subieron a ambas a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. Una vez que se encontraban en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, la intentaron asfixiar con una bolsa de plástico en la cabeza y la amenazaron con lastimar a su hija. Los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla.
En total, desde la detención hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé pasaron al menos 7 horas incomunicadas y sujetas a más violencia y violaciones a sus derechos humanos. Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su expareja. En ese tiempo, con el temor de no saber cómo se encontraba su hija, fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado.
Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna, Ciria Hernández, logró que se la entregaran.
“Desde ese 11 de diciembre que detuvieron a mi hija ha sido muy difícil, y decir ‘difícil’ se queda corto. Nosotros somos gente de bajos recursos. Se llevaron a mi hija sin que nosotros supiéramos nada, cuando ella tenía un mes de haber tenido a su bebé. No supimos nada tampoco de la bebé hasta que luché para pedir apoyo”, explicó Doña Ciria durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh para informar del caso.
Keren vivió discriminación y falta de perspectiva de género por las autoridades Poder Judicial estatal. No sólo la encasillaron en el rol de “cuidadora” en la casa de seguridad, sólo por ser mujer joven, sino que analizaron los hechos y pruebas del caso ignorando la vulnerabilidad en la que se encontraba Keren al momento de su detención -como su situación de salud y que se encontraba en el lugar coaccionada por el padre de su hija que le pidió llegar ahí a cambio del dinero que por derecho le correspondía-.
Lo que también es sumamente representativo de esta desigualdad es que, aunque su expareja y padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, él recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión. En contraste, el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, imponiendo una pena de prisión de 50 años, por un delito que no cometió.
Finalmente, el 27 de septiembre de 2021 un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales, y ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción, es decir, hasta el momento en que se pueden aportar pruebas para demostrar su inocencia.
Debido a las múltiples violaciones a derechos humanos e irregularidades durante su proceso, derivados también de una falta de defensa adecuada, en el Centro Prodh decidimos asumir la defensa integral y representación de su caso.
El caso de Keren no es aislado, forma parte de un sistema que pone en especial vulnerabilidad a las mujeres. Como señalamos en el informe “Mujeres con la frente en alto” y tras la campaña “Rompiendo el Silencio” -creada por las Mujeres de Atenco– la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia y dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que permiten su comisión. Además, como se reconoce en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual, al momento de que las mujeres son detenidas en presencia de sus hijos e hijas, los agentes del Estado coaccionan a las mujeres con el fin de confesar o firmar documentos inculpatorios.
Ella ha resistido a este proceso, gracias a la esperanza de volver pronto con su familia y con su hija, quien ya tiene siete años de edad. Hoy hay una oportunidad de que las autoridades pongan fin a esta injusticia y reviertan la situación de impunidad que ha vivido Keren. Como lo refiere Doña Ciria: “Pido a las autoridades que actúen con justicia, porque sabemos que la justicia existe” y es necesario poner especial atención en la perspectiva de género y de derechos humanos para alcanzarla.
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