El pasado 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó las transformaciones legislativas de los últimos meses: 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas, de profundas y duraderas consecuencias para la justicia, la seguridad y los derechos en México.
En su intervención, la jefa del Ejecutivo federal colocó como ejes de su mensaje tres reformas emblemáticas: los cambios no han sido meramente normativos sino destinados a un profundo cambio de régimen, como lo hemos destacado previamente. En su conjunto, desde una perspectiva de derechos humanos hay que destacar su relevancia en materia de derechos sociales –vivienda, igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas, entre otras–, así como los grandes retrocesos en materia de derechos civiles y políticos.
Respecto de estos retrocesos, destacan las primeras dos reformas identificadas por la presidenta, la Judicial y la de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para una administración que busca distanciarse de gobiernos neoliberales y que se presenta como promotora de los derechos sociales, la soberanía, la libertad y la democracia, es desconcertante que se haya desdeñado los derechos humanos en su integralidad en este primer gran informe.