El viernes pasado, al culminar su periodo de sesiones, el Comité de la ONU sobre las Desapariciones (por sus siglas, Comité CED) anunció que iniciará, respecto de México, el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre la materia, conforme al cual dicho órgano puede remitir a la Asamblea General de la ONU la situación de un país si estima que las desapariciones se han tornado “generalizadas” y “sistemáticas”.
La decisión es de la mayor trascendencia. Es el mecanismo más extremo con que cuenta el Comité CED y nunca antes se había adoptado.
No puede decirse que la determinación sea sorpresiva. Desde hace años, el Comité CED ha estado llamando la atención sobre la crisis de desapariciones que vive México. Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades.
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