El pasado 25 de octubre se llevó a cabo una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la militarización en México, en el marco del 185° periodo de sesiones de este órgano. El encuentro, llamado a ser un diálogo equilibrado en el que las organizaciones de la sociedad civil expusieran sus preocupaciones y la representación estatal sus razones, se convirtió en un foro para la expresión de las diatribas de la representación estatal contra los organismos internacionales de derechos humanos.
Como única representante del Estado mexicano acudió la Embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, quien sin responder cuestionamientos se limitó a leer un texto que presentó como “mensaje del Presidente de la República”, en el que se llama a los organismos internacionales de derechos humanos “arietes del conservadurismo”, acusando a estas instancias de haber guardado silencio en el pasado ante masacres y otros abusos.
Esta caracterización es falsa. En nuestra región, la CIDH ha sido una instancia fundamental para impulsar la verdad y justicia, cuando las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familias agotan los recursos internos. Y aunque como todos los órganos internacionales siempre puede mejorar, las descalificaciones del Gobierno mexicano son tan injustas como erradas: las víctimas de violaciones a derechos humanos del continente siguen acudiendo al Sistema Interamericano, porque a nivel nacional la justicia sigue siendo inalcanzable.
Tan sólo el pasado 2 de noviembre, Doña María Herrera Magdaleno, madre que busca a sus cuatro hijos desaparecidos -Raúl, Jesús Salvador, Gustavo y Luis Armando-, acudió acompañada por el Centro Prodh a la CIDH para denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en contra de su familia. Tanto en la desaparición de Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, ocurrida en Guerrero durante agosto de 2008, como en la de Gustavo y Luis Armando, sucedida en Veracruz en septiembre de 2010, se documentó la participación de autoridades, en diferentes niveles, coludidas con el crimen organizado, a lo que siguió la falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones del país. Hasta el día de hoy, esas desapariciones -como muchas otras- se encuentran impunes y los esfuerzos de búsqueda son exiguos.
En la petición ante la CIDH, la familia Trujillo señala violaciones a diversos derechos -reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- como el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, así como su derecho a ser buscados, por todos los medios posibles, y en su caso, debidamente identificados.
La demanda de la familia aborda también la violación al derecho de su familia de acceder a la verdad y a la justicia, subrayando el impacto del tiempo transcurrido sin resultados; así como la violación al derecho a la integridad y a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, por todas las afectaciones, impactos y riesgos a los que han estado expuestos durante la búsqueda de sus seres queridos aún en la actualidad.
Finalmente, el documento ahonda sobre el incumplimiento del Estado mexicano de implementar adecuadamente, a nivel interno, todas las disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación, así como la falta de una política integral acorde a la crisis que hoy rebasa las 100,000 personas desaparecidas.
Doña María Herrera ha llevado la exigencia de verdad y justicia de miles de familias a diferentes instancias, así como ahora lo ha hecho ante la CIDH. Incluso el pasado 25 de mayo de 2022 acudió al Vaticano y habló de su caso frente al Papa Francisco, quien la saludó y bendijo a todas las madres y familias que buscan a sus seres queridos.
Como muestra la reciente presentación del caso de la familia Trujillo Herrera ante la CIDH, la existencia de organismos internacionales de derechos humanos es relevante. Estas instancias no sólo sirven como contrapesos y como vigilantes del cumplimiento de las obligaciones de los estados en la materia. También son instancias fundamentales a las que miles de víctimas y familiares se acercan para buscar revertir la impunidad a la que se han enfrentado por años. Así, aunque desde el poder se intente con frecuencia deslegitimar y poner en duda su labor, casos como el de Doña María Herrera dan cuenta de que los organismos internacionales de derechos humanos seguirán siendo útiles en tanto la impunidad generalizada no sea revertida.
La actual administración contribuiría más a la causa de las víctimas si, en vez de descalificar a la CIDH, llamara la atención a la Fiscalía General de la República que como muestran tantos casos o el propio retraso en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, continúa sin estar a la altura de la crisis de desapariciones que aún vive el país.
