La mentira oficial

“Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune y la caza de brujas.” Joan Manuel Serrat

Esta es la historia de cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto construyó una mentira oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del 2014. Pero la mentira ha quedado al descubierto.

Así se construyó la mentira. Tras la desaparición de los normalistas, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo haber realizado una extensa investigación: 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales y acción penal contra 99 involucrados. El procurador, Jesús Murillo Karam, aseguró “de manera contundente” a la prensa en enero del 2015 que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, sus restos triturados y luego tirados a un río.

“Sin lugar a dudas los estudiantes normalistas fueron privados de su libertad, privados de su vida, incinerados y arrojados al río San Juan”, dijo el procurador Murillo, diciendo que la investigación se basó en más de 60 mil fragmentos de restos óseos. “Esa es la verdad histórica de los hechos. “

No, esa era la versión falseada e incompleta que el procurador y el gobierno mexicano nos trataron de vender. Según cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH dependiente de la OEA) el reporte del gobierno mexicano tiene muchos errores.

El informe del gobierno de México “es una especulación”, me dijo el peruano José Torero, uno de los cinco expertos y jefe del departamento de ingeniería civil de la Universidad de Queensland, Australia. “La evidencia material, en el fondo, no existe.”

Torero asegura que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como decía el procurador. “Para haber tenido un incendio de esa magnitud, habrían tenido daños generalizados en toda la vegetación aledaña y esos daños no existen”, concluyó. “Por otro lado, los huesos que se encontraban en el basurero de Cocula están incinerados a un nivel de calcinación que requiere un fuego externo. No hubo la posibilidad de tener tal incendio.”

La hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en ese basurero está totalmente desmentida por los expertos de la CIDH. También es falsa la aseveración del ahora ex procurador Murillo Karam de que no había “ni una sola evidencia, ni una sola, de la participación del ejército.”

El ejército mexicano supo en todo momento lo que estaba pasando, me dijo José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. “Está documentado” que el ejército y la Policía Federal “estuvieron plenamente informados de lo que estaba pasado en tiempo real” gracias al C4 (un sistema central de comunicaciones de acceso restringido a las fuerzas de seguridad).

Además, me dice Vivanco, “fueron agentes de la Policía Federal los que interceptaron un quinto autobús donde iba un grupo de estudiantes que lograron huir y todos salvaron su vida. Ese quinto autobús luego desaparece y no quedaron rastros de su paradero en la investigación de la PGR.”

Es decir, las dos conclusiones principales del informe del gobierno sobre la desaparición de los estudiantes -que fueron incinerados en un basurero y que el ejército y la Policía Federal no tuvieron nada que ver- son falsas y forman parte de la mentira oficial.

¿Por qué el gobierno de Peña Niego ocultó y encubrió en su informe la participación del ejército? Imposible de saber. Son los juegos del poder. Pero ¿por qué inventarse la teoría de la incineración de los estudiantes?

Sólo ellos lo saben. Primero, quizás, para “superar” el problema y quitárselo de encima. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa terminó con la imagen positiva que Peña Nieto estaba cultivando en el mundo. Y segundo, tal vez, para culpar a grupos violentos del incidente y ocultar la incompetencia de su gobierno frente a la inseguridad y el crimen.

Es muy grave que hoy, todavía, no sepamos donde están los 43 jóvenes. Pero hay algo aún más grave: construir una mentira oficial es el acto más cruel e inhumano que se puede concebir frente a los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos.