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El estado de Chiapas es lugar de destino y tránsito de niñas y niños migrantes centroamericanos. Entre 2006 y 2008 la estación migratoria de Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala, reportó que fueron deportados 18 mil niños, niñas y adolescentes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y en menor medida de Nicaragua.

A un año de la promulgación de la Ley de Migración, se ha podido constatar que la protección a las personas migrantes en tránsito por México continúa siendo limitada y, la mayoría de las veces, nula.

En un comunicado de prensa la Secretaría de Gobernación respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló recientemente que México no adoptómedidas de protección adecuadas para el Padre Solalinde, quien se vio forzado a abandonar el país: «El gobierno federal reitera su convicción de que ninguna persona en nuestro territorio, sea nacional o extranjera, con documentos o sin ellos, puede ser amenazada, intimidada, extorsionada o violentada en sus garantías individuales».

En un contexto de impunidad que orilla a las víctimas a tratar de subsanar las fallas del Estado en su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, la infiltración por parte del gobierno mexicano a la vida de las y los defensores y la criminalización contra estos, llaman a la preocupación y a la solidaridad.