En un comunicado de prensa la Secretaría de Gobernación respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló recientemente que México no adoptó medidas de protección adecuadas para el Padre Solalinde, quien se vio forzado a abandonar el país:
«El gobierno federal reitera su convicción de que ninguna persona en nuestro territorio, sea nacional o extranjera, con documentos o sin ellos, puede ser amenazada, intimidada, extorsionada o violentada en sus garantías individuales». «El gobierno federal subraya su voluntad de mantener el esquema de seguridad que ha implementado, con el fin de que el padre Alejandro Solalinde regrese a México en el momento en que lo considere pertinente y continúe con sus tareas humanitarias».