Diversas organizaciones, y por lo menos un organismo público autónomo que defiende derechos humanos, han sostenido la inconstitucionalidad de estas reformas al Código Penal, debido a que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los artículos 9, 16 y 108, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales, sobra decirlo, le generan a éste obligaciones y deberes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, están los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)

“El contexto de seguridad en México, con la proliferación del crimen organizado y el incremento del tráfico ilícito, es también muy complejo. La expansión de las funciones de orden público y civil a las fuerzas militares como una regla ordinaria en vez de una excepción tiene impacto en los derechos humanos. Mi oficina ha hecho un llamado para que se reconsideren estas medidas para cumplir con los estándares internacionales. La administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por una creciente atribución de poderes a las Fuerzas Armadas, incluyendo asuntos de seguridad interna a través de la creación de la Guardia Nacional… de manera que el secretario de la Defensa también ha tenido un mayor papel en los proyectos lanzados por el presidente López Obrador, incrementando su presupuesto y su rol en el desarrollo de infraestructura pública(…)