Trabajadores migrantes y organizaciones civiles (mexicanas y estadounidenses) piden la protección de derechos humanos y laborales.
El día de ayer, lunes 19 de septiembre, un grupo de trabajadores migrantes mexicanos y organizaciones binacionales en defensa de los derechos laborales de los migrantes, interpusieron una queja en contra del gobierno de los Estados Unidos, por no cumplir con sus obligaciones de promover y asegurar el respeto a los derechos laborales. Los trabajadores que realizaron la petición sufrieron graves violaciones a su derecho al sueldo mínimo mientras laboraron en ferias y carnavales en varias partes de Estados Unidos. En conferencia de prensa, llevada a cabo en el Centro Prodh, Silas Shawver, representante del Centro de Derechos del Migrante (CDM), alegó que estas violaciones son cotidianas y rutinarias ante la población de trabajadores migrantes y que el gobierno de Estados Unidos tiene una obligación bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte de prevenir y remediar estas violaciones. La queja pide que el gobierno de Estados Unidos empiece a tomar medidas fuertes para corregir estas violaciones sistemáticas a los derechos laborales.
En 2008, el CDM inició un proyecto con trabajadores huéspedes que habían viajado a los Estados Unidos para trabajar en las ferias ambulantes entre los años 2007 y 2009. Los trabajadores habían sido contratados por empresas estadounidenses bajo el programa de visas H-2B, el cual permite contratar trabajadores extranjeros temporales en industrias no agrícolas por un periodo menor a un año. Mientras estaban trabajando en Estados Unidos, estas personas fueron expuestas a altos niveles de riesgos laborales, tales como condiciones insalubres de vivienda; salarios inferiores a los que les corresponden; y el requisito de pagar gastos de reclutamiento, visas y el costo de transporte.
Recordando sus experiencias trabajando en Estados Unidos en la industria de las ferias ambulantes, Leonardo Cortez, ex-trabajador migrante comentó: “Me contrataron en México para ir a trabajar a las ferias en Estados Unidos, me prometieron buena paga y trabajo por 8 meses. Al llegar a mi lugar de trabajo en los Estados Unidos nada de lo que me prometieron era verdad; mi pago era muy por debajo del salario mínimo, no me pagaban horas extras a pesar de trabajar más de doble jornada (11 horas seguidas), era un trabajo duro y sin descanso, las condiciones de vivienda eran pésimas y la seguridad para operar los juegos era muy pobre. A veces los trabajadores no nos quejamos por miedo a ser deportados y tenemos que aguantar estas condiciones de abuso”.
Historias similares, oídas a través de la población de trabajadores migrantes, muestran que el gobierno de Estados Unidos fracasa en hacer cumplir sus leyes laborales en respeto al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ACLAN). Firmado en 1993 entre México, los Estados Unidos y Canadá, este acuerdo requiere que los tres países aseguren que los empleadores de cada país cumplen con las leyes laborales domésticas y con los estándares mínimos fijados en cuanto a la protección de los migrantes en sus territorios.
Los países miembros del presente acuerdo tienen el poder necesario para hacer cumplir los términos del ACLAN. Por lo tanto, los demandantes y las organizaciones solidarias que se unen a la presente petición, piden que la Oficina Nacional Administrativa en México que investigue las denuncias interpuestas. Asimismo, que tome las medidas adecuadas con el gobierno de Estados Unidos y las contrapartes implicadas para que subsanen esta vulneración a los derechos humanos y a los derechos laborales de las personas migrantes con la máxima urgencia y brevedad posible.